El 4 de abril de 2011 se presentó la acusación por asociación ilícita, colocación de artefactos explosivos y financiamiento de actividades terroristas. Dos días después, el Fiscal Alejandro Peña presentó la renuncia a la jefatura de la Fiscalía para asumir como jefe de la división de Estudios de la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública. ¿Qué indicó que el fiscal a cargo del caso haya migrado desde el Ministerio Público al Ministerio del Interior, desde un organismo autónomo al poder ejecutivo? No me detendré en las motivaciones o intereses detrás de las acciones, pero es relevante preguntarse por los modos en como se actuó, las relaciones que se pusieron en juego, las tácticas que se revelaron.

Con la decisión de contratar a Peña se apelaba a mejorar las políticas de seguridad: los números no iban bien y su incorporación podría ser una señal para la opinión pública. Más aún, era un profesional que concordaba con el perfil que el Ministerio “estaba buscando”. Pero ¿cómo evitar pensar que existía en una relación más intrincada entre Peña y el Ministerio del Interior? ¿Cómo creer que Peña llegó a su nuevo puesto de trabajo sólo por el mérito de su curriculum vitae? Sea cual sea el motivo, la nueva “contratación” reforzaba el discurso de la “seguridad” del cual Hinzpeter tanto se ha servido: estigmatizar a los jóvenes anarquistas con las rubricas de “terroristas” y “delincuentes”, reducirlos territorialmente a las casas okupas, construirlos en el “enemigo interno” y, con ello, justificar políticas nacionales. Contratar al fiscal enrarecía el ambiente, y los resultados de los juicios y su estatuto de verdad no es menor en sociedades como las nuestras.

Por mucho que Hinzpeter se valiera de aquella retórica de la seguridad, era necesario validarse por medio de la verdad producida en los tribunales. Necesitaba que su discurso reposara sobre cierta coordinación o contacto con todo el proceso judicial. El 3 de octubre, la Fiscalía decidió no seguir con la imputación de asociación ilícita terrorista, absolviendo a 8 de los 14 jóvenes. Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar y Gustavo Fuentes seguían siendo imputados por colocación de artefactos explosivos, mientras que Carlos Riveros y Omar Hermosilla por financiamiento de actividades terroristas. El efecto en la opinión pública fue evidente. Por lo menos 8 personas totalmente inocentes fueron detenidas en régimen de alta seguridad por bastante tiempo, se descartó la figura de asociación ilícita y además se desacreditaban un conjunto de pruebas que iban desde un número del periódico “The Clinic” hasta un afiche de “Guns N’ Roses”. Hasta aquí la tesis del montaje obtenía más fuerza. Frente a este revés, el Ministerio del Interior promovió un cambio en la legislación acorde a su visión estratégica de la seguridad pública.La llamada “Ley Hinzpeter”, consistente en ampliar el tipo penal, aumentar las penas por alteración del orden público y varias agravaciones como, por ejemplo, usar capucha, hacía patente el concepto de “orden público” que opera en la retórica oficialista. La relación entre los ciudadanos y la autoridad se define así por la disciplina de los primeros y respeto para con los segundos. Los ciudadanos están al servicio de la autoridad y el orden público. Este discurso era el que exigía ser validado por el juicio de los 6 acusados restantes. En el proceso, se desecharon pruebas, se citó al ministro del interior y se cuestionaron las firmas de los peritos. Finalmente, en junio de este año se decidió absolver a los 6 acusados, quedando libres y protegidos por la verdad del juicio. Las conclusiones del tribunal fueron que la Fiscalía tuvo un “sesgo” que terminó en la persecución de jóvenes de casas okupas que, en realidad, representaban “ideales diversos y, además, realizaban actividades sociales y de educación que, incluso, eran patrocinadas por la autoridad”.

El “caso bombas”, como coyuntura crítica, terminó exponiendo el fracaso de una forma de hacer política al enhebrar otros casos similares. No resulta difícil recordar, a propósito de esto, el caso del ciudadano pakistaní que fue acusado equivocadamente como terrorista o la aplicación de la ley antiterrorista con las protestas de Mapuches en el sur o en las movilizaciones de Aysén. Todos momentos de los cuales el gobierno tuvo que desdecirse y dar un paso atrás, ya sea porque era insostenible o porque negoció con los manifestantes. ¿En qué consiste esta política, esta estrategia general de poder, que fracasó? En el despliegue de un discurso autoritario, la creación de un enemigo interno (la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo), la innovación en materias legales para tipificar a los sujetos y relaciones íntimas van más allá de los límites institucionales.

El fiscal nacional Sabas Chahuán calificó el fallo como un “fracaso de la fiscalía”. ¿Sólo de la fiscalía? Me parece que no. El caso bomba expuso el fracaso de una estrategia de conjunto que se fraguó en el gobierno. Fue el fracaso de un ministro Hinzpeter cada vez más cuestionado. Pero, por otro lado, sigue siendo una victoria para muchos de los sectores conservadores que se legitiman cada vez que la autoridad enarbola discursos como los del ministro del interior. Basta ver los homenajes de hoy en día.