Las acciones de la Presidenta y la concentración de los medios en Chile

Las acciones de la Presidenta y la concentración de los medios en Chile

June 7, 2016/ By Nicolás del Valle Orellana, in Newspaper El Mostrador

Podríamos destacar cómo existe una correlación entre la concentración del control y la propiedad de los medios junto a la distribución de poder comunicativo que estos tienen. Mientras más concentrada está la comunicación en unos pocos grupos económicos, más poderosos en el campo de la esfera pública son estos consorcios.

Con la famosa querella de la Presidenta Michelle Bachelet contra los periodistas de la revista Qué Pasa se ha vuelto a discutir sobre libertad de expresión y el rol de la prensa en la discusión pública. Algunos, que no escatiman en críticas, tienden a leer la acción de la Mandataria como una restricción a la libertad de expresión del medio en cuestión; otros apuntarán a la responsabilidad periodística radicalmente inherente a los argumentos que defienden la libertad de prensa. Pues bien, precisamente lo que está en juego aquí es la segunda dimensión.

Por mucho que la acción política esté poco meditada y calculada de acuerdo al contexto adverso del Ejecutivo frente al debate político, lo cierto es que el conflicto no radica en los límites que un Gobierno le impone arbitrariamente a un medio de comunicación. Aquí, al parecer, la querella está motivada por un enojo humano y no premeditado que excede las estrategias políticas gubernamentales en su conjunto.

Además, la Presidenta tampoco está incurriendo en sus facultades ejecutivas para silenciar al medio; en vez de eso, se centra en una acción judicial que sea lo más cercana posible a lo personal, aun cuando en la realidad separar a la “ciudadana” de la “Presidenta” es imposible.

El hecho de que la querella sea presentada por la Presidenta como ciudadana contra los periodistas (y no el medio de comunicación), apunta en esta dirección. Quizás, el problema de la Mandataria puede ser una cuestión banal que devino una decisión errónea desde el punto de vista de la gestión política del Gobierno, pero lo que parece más interesante en esta controversia es el problema estructural que subyace en el debate.

Luego de la querella, los periodistas al unísono comenzaron una defensa corporativa del gremio, sosteniendo que es parte de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la autonomía de la líneas editoriales, el poder oponerse y criticar al Gobierno. Llamativamente, varias de estas defensas han tenido que ser antecedidas por una advertencia –a través del ya siútico anglicismo “disclosure”: “Nuestro medio es parte del consorcio de medios en los cuales la revista en cuestión participa”–.

En efecto, revista Qué Pasa, junto a otros medios de la prensa escrita digital e impresa, como Ciper y La Tercera, participa de Copesa, mismo conglomerado del Grupo Dial donde se reúnen radioemisoras como Zero y Duna. Así, de pronto, la querella revela la concentración del sistema de medios chileno. De pronto, nos percatamos que todos los días en el mismo horario se transmiten dos programas de radio sobre política con líneas editoriales opuestas pero que son parte del mismo consorcio de medios de comunicación. Así, de pronto, creemos que nuestro sistema de medios es pluralista porque transmiten contenidos de líneas editoriales distintas, pero en el fondo son del mismo propietario, concentrando el poder económico y comunicativo.

En Chile los medios de comunicación son parte del dispositivo que produce la verdad pública, el que se encarga de hacer circular las opiniones, las informaciones y los conocimientos, a lo largo de dispositivos móviles, cuentas de Twitter, programas de televisión, videos en YouTube, o en el quiosco de la esquina en la portada de una revista de papel cuché. Esta cualidad de los medios de comunicación, que juega en todas las sociedades modernas y democráticas, se vuelve perversa cuando la voz de uno –de quienes más poder tienen– se vehiculiza a través de las plumas de columnistas y labios de locutores.

Si los medios participan de la discusión pública dándole forma, vehiculizándola, haciendo posible su masividad a nivel nacional, ¿por qué el juicio crítico de la ciudadanía no se ha dirigido al rol de los medios en la esfera pública? ¿Por qué la desconfianza hacia las elites no ha incluido a los medios, siendo que se caracterizan por una desenvolvimiento opaco, donde no se declaran las líneas editoriales cuando sí las hay, o donde se presentan como medios independientes cuando obligaciones políticas existen? ¿Por qué se sigue confiando en El Mercurio si se cuestiona permanentemente su nivel de lectoría y distribución impresa?

La desconfianza a los medios de comunicación puede resultar fatal, pero peor aún es la indolencia de las autoridades respecto a la regulación de los medios de comunicación en Chile. Hoy por hoy, donde nos preguntamos por el poder que tienen los grupos económicos sobre la política, cabe preguntarse acerca de sus influencias sobre las comunicaciones.

“De pronto, la querella revela la concentración del sistema de medios chileno. De pronto, nos percatamos que todos los días en el mismo horario se transmiten dos programas de radio sobre política con líneas editoriales opuestas, pero que son parte del mismo consorcio de medios de comunicación. Así, de pronto, creemos que nuestro sistema de medios es pluralista porque transmiten contenidos de líneas editoriales distintas, pero en el fondo son del mismo propietario, concentrando el poder económico y comunicativo”.

La concentración del financiamiento público de la publicidad en la prensa determinada por la circulación, significa siempre que está determinada por el nivel de concentración de la propiedad y el control de los medios de comunicación. Así, podríamos destacar cómo existe una correlación entre la concentración del control y la propiedad de los medios junto a la distribución de poder comunicativo que estos tienen. Mientras más concentrada está la comunicación en unos pocos grupos económicos, más poderosos en el campo de la esfera pública son estos consorcios. Y al mismo tiempo una correlación inversa entre concentración de los medios y pluralismo informativo. De este modo, la crítica a las acciones judiciales de la Presidenta contra los periodistas de la revista no debe traducirse en una defensa del gremio.

Esto último no porque el periodismo no sea un elemento fundamental en las democracias modernas y contemporáneas sino, por el contrario, porque para tener un mejor periodismo y una mejor democracia necesitamos de un sistema de medios más desconcentrado, tanto en la propiedad y el control como en el nivel del poder comunicativo de los mismos. Solo de este modo, los argumentos que se enarbolen no serán partisanos de la Presidenta, de un grupo económico-mediático o de un gremio particular, sino a favor del pluralismo informativo como principio democrático.

Larraín y sus críticas al pluralismo informativo en TVN

Larraín y sus críticas al pluralismo informativo en TVN

19 November 2015/ By Nicolás Del Valle O. Newspaper El Mostrador

Si la preocupación respecto del pluralismo informativo fuese cierta, deberíamos ver a una UDI que luche por desconcentrar el control y la propiedad de los medios en Chile, deberíamos ver un senador Larraín que luche por paneles políticos donde se incorporen a panelistas que no provengan de dos bloques políticos que ya poco representan a la sociedad chilena.

Según lo publicado en El Mostrador, el senador Hernán Larraín envió una carta al presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile,TVN, Ricardo Solari, expresando sus molestias por cierto sesgo ideológico contra su colectividad en los programas políticos como ‘Estado Nacional’, la edición central del noticiario ’24 horas Central’, y la sección de educación cívica del matinal ‘Buenos Días a Todos’. Básicamente los argumentos son relativos al tratamiento periodístico de TVN sobre su partido político. Este malestar fue expuesto por el senador Hernán Larraín, primero, en el programa de discusión política ‘Estado Nacional’ y, luego, a través de la mencionada carta. Según el parlamentario, TVNestaría “faltando al valor del pluralismo, la democracia, la paz y la información objetiva.”

En la misiva enviada al presidente del directorio, se hace eco de la tesis que soterradamente se ha comenzado a elaborar desde la tienda de ultraderecha, que sostiene que la credibilidad del partido se ha visto afectada en la opinión pública debido al tratamiento mediático de los sucesos de corrupción en el que se han visto envueltos parte de los personeros de la UDI. Esto, sostiene Larraín, puede ser corroborado en las clases de educación cívica dictadas por el abogado Patricio Hidalgo en el matinal de TVN. En palabras del parlamentario, “bajo la excusa de la educación cívica, el programa se hizo parte de burlas e insinuaciones ofensivas hacia la actual Constitución Política de Chile y a nuestro fundador, el asesinado senador Jaime Guzmán”.

Una cuestión interesante es que el senador no repara en el tono humorístico de la sección del matinal. La sección del ‘Buenos Días a Todos’ es el resultado de la autonomía editorial del canal que busca socializar una discusión pública. A modo de la escuelita de ‘El Chavo del 8’, con invitados y conductores, se daba rienda suelta a bromas que expresaban barbaridades y argumentos racionales, a favor y en contra de la reforma constitucional en Chile. A vuelo de pájaro, se podría decir que los dichos representaban bastante el sentido común de los chilenos. Se bromeaba, argumentaba e informaba en un lenguaje coloquial y simple, como suele hacerse en este tipo de programas, haciendo que el humor no presentara el tema como una cuestión cerrada o conclusiva. En este sentido, podríamos decir que TVN buscaba abrir un debate por medio del humor más que cerrarlo a través de una cátedra de un constitucionalista de renombre, como esperaba el senador Larraín. Por esta razón, tal vez el problema radica, aquí, en la falta de sentido del humor.

Pero la molestia es extendida y alcanza a la línea editorial en su conjunto, el matinal es solo un ejemplo. Desde su punto de vista, dicha sección del matinal confirmaría la insidia con su partido político que puede ser identificada en otros programas de TVN. “Observamos una falta de equilibrio y de sesgos en la forma de informar de su noticiario y de programas políticos hacia nuestro partido, sus posiciones políticas y sus liderazgos” agrega.

Es Larraín y no un joven libertario anarquista quien expone sus argumentos en el programa político. Es el “cupo de su sector” en el programa ‘Estadio Nacional’ el que hizo posible que él alegara públicamente. La visión de la UDI está representada en el contenido informativo desde el momento que el senador UDI pudo hablar a través de la señal de TVN. Entonces, lo que en realidad el parlamentario espera es que los periodistas adopten posturas UDI o que al menos no sean críticos con ellos, sin entender que el pluralismo informativo implica un deber de juicio crítico desde la independencia.

Según Larraín, el tratamiento de algunos temas muestran una perspectiva reducida de la realidad, pero además –y este es el argumento de fondo– la línea editorial del canal no es pluralista al no representar ciertas perspectivas como las de la UDI en los temas políticos. En particular, la falta de pluralismo se expone en la inexistencia de algunas perspectivas políticas en la línea editorial del medio.

Es decir, el problema para Larraín es doble. Por un lado, las críticas a su tienda política parecen ser más duras que respecto a otros sectores políticos, pero también, por otro lado, esto es un síntoma de una debilidad mayor del canal público: la falta de pluralismo interno. Si Larraín tiene razón, el canal público violaría el espíritu de todo canal público, la “actitud de TVN es parcial, odiosa y poco respetuosa (…) que se contradice con el espíritu mismo de lo que debería ser el diálogo democrático en un canal como TVN, que aspira a ser de todos los chilenos”, sostiene el senador. Entonces, su tesis sería la siguiente: la línea editorial de TVN se ha ensañado con su partido, demostrando su falta de objetividad informativa y pluralismo interno.

Pluralismo, diversidad y libertad en los medios

¿Qué hay de cierto en los argumentos de Larraín? A lo menos habría que avanzar en dos cuestiones importantes, a saber, el concepto de pluralismo informativo y el rol de los medios públicos en los sistemas mediales.

Sin definir aquí el concepto, al menos cabe destacar algunos elementos necesarios para el pluralismo informativo, tales como la diversidad y la libertad en los medios de comunicación. El pluralismo informativo no es mera diversidad al interior de las líneas editoriales, como supone el senador Larraín. Primero, si hablamos de diversidad, habría que protestar también por la falta de diversidad de formatos, temas y realidades en los contenidos transmitidos. Pero lo segundo es que el pluralismo informativo que alega el parlamentario no se reduce solo a la diversidad. Entre otros elementos, el pluralismo también corresponde a condiciones estructurales como un conjunto de garantías que toman cuerpo en la libertad de prensa, la independencia editorial y la autonomía de los medios respecto de presiones económicas o políticas. Aunque no le parezca, la mayor garantía que tiene la ciudadanía de tener lo que él llama “información objetiva”, es asegurar la independencia y la autonomía de los medios de comunicación. Las presiones del senador al canal público van precisamente en dirección opuesta.

Efectivamente, el canal público debiera, siguiendo a Larraín, “reflejar a Chile en toda su diversidad, por lo que sus contenidos, programación y conductas deben estar orientados a representar en forma pluralista las realidades presentes en cada rincón de nuestro país”. Esta es una de las exigencias para un canal público. Por lo que la pregunta sería: ¿cómo seleccionar el conjunto de visiones que van a ser representadas en un medio público? En este caso, las cuestiones fundamentales para un canal público es contar con un gobierno corporativo pluralista que responda a diferentes sectores de la sociedad. En cuyo caso, el problema ya no es una periodista puntual, como se ha dicho respecto de la conductora de ‘Estado Nacional’, Andrea Arístegui, como tampoco una cuestión de pluralismo interno, como podría decirse respecto del tratamiento periodístico, sino más bien se trataría de una cuestión más estructural que Larraín no termina de advertir.

¿Cómo representar las diferentes realidades de la sociedad chilena? Ciertamente en la actualidad las visiones expuestas en los programas políticos de varios medios televisivos es poco pluralista, pero esto no resulta en contra de la UDI sino en contra de otras perspectivas de la sociedad. Los programas políticos siguen estructurados binominalmente, sobrerrepresentando algunas miradas, subvalorando unas y excluyendo a otras de los contenidos informativos. Mientras que Larraín alega que la visión de la UDI no es incluida en la línea editorial del medio, la misma transmisión del programa demuestra lo equívoco de su crítica.

Es Larraín y no un joven libertario anarquista quien expone sus argumentos en el programa político. Es el “cupo de su sector” en el programa ‘Estadio Nacional’ el que hizo posible que él alegara públicamente. La visión de la UDI está representada en el contenido informativo desde el momento que el senador UDI pudo hablar a través de la señal de TVN. Entonces, lo que en realidad el parlamentario espera es que los periodistas adopten posturas UDI o que al menos no sean críticos con ellos, sin entender que el pluralismo informativo implica un deber de juicio crítico desde la independencia.

Por lo tanto, el senador Hernán Larraín se equivoca. No en invocar el pluralismo informativo como valor, sino en invocarlo interesadamente con el fin de defender a ultranza a su partido político. Si la preocupación respecto del pluralismo informativo fuese cierta, deberíamos ver a una UDI que luche por desconcentrar el control y la propiedad de los medios en Chile, deberíamos ver un senador Larraín que luche por paneles políticos donde se incorpore a panelistas que no provengan de dos bloques políticos que ya poco representan a la sociedad chilena. Deberíamos ver a una derecha empecinada por que la ciudadanía participe más fuertemente en los medios del Estado y que desde la sociedad civil emerjan más medios independientes. No obstante, seguimos viendo en sus alegatos una defensa corporativa de sectores particulares como la UDI, ocultos en la retórica de valores universales como el pluralismo en los medios.

 

La nueva cultura informativa: la realidad de los medios digitales

La nueva cultura informativa: la realidad de los medios digitales

La posibilidad de ejercer el periodismo profesional sin ser un medio impreso es hoy más grande que nunca. El aumento de los medios digitales y blogs, así como la reproducción de los grandes diarios en versiones “electrónicas”, es un síntoma de la mutación del periodismo en la era de la información. El contexto actual ofrece un lugar, y esto es lo interesante, a un periodismo alternativo, a ratos contrahegemónico, que ha venido a disputar los estándares sobre qué es información pública, relevante y veraz.

Por Nicolás Del Valle y Renato Garín, Centro de Análisis e Investigación Política. Publicado 14 de enero 2015 en El Mostrador.

El proyecto de ley presentado por el diputado Farías (PPD) ha gatillado una discusión pública que venía siendo postergada sistemáticamente por las autoridades de turno. Sucede que la realidad informativa nacional está mutando de ser un duopolio imperfecto, a un escenario de influencias multipolares donde los llamados “medios digitales” irrumpen con fuerza. El proyecto de Farías pretende una reforma de la Ley 19.733 por la vía de introducir modificaciones en el artículo 11. Este proyecto parece ser un simple parche normativo ante la emergencia de una nueva cultura informativa que tiene en su base el pluralismo en los medios.

La posibilidad de ejercer el periodismo profesional sin ser un medio impreso es hoy más grande que nunca. El aumento de los medios digitales y blogs, así como la reproducción de los grandes diarios en versiones “electrónicas”, es un síntoma de la mutación del periodismo en la era de la información. El contexto actual ofrece un lugar, y esto es lo interesante, a un periodismo alternativo, a ratos contrahegemónico, que ha venido a disputar los estándares sobre qué es información pública, relevante y veraz. Ese fenómeno merece ser entendido, desde el punto de vista legislativo, como la posibilidad de expandir el derecho a la comunicación. El pluralismo en los medios debe ser la luz que conduzca ese camino. Hasta aquí, el debate sobre medios digitales ha carecido de criterios evaluativos que estimulen una nueva mirada legislativa, debido a la falta de evidencia sobre la realidad digital de los medios de comunicación en nuestro país.

La Ley 19.733 está encasillada en una cultura informativa pre-Internet que continúa siendo aplicada sin ninguna referencia real con los medios digitales. La mera analogía entre un diario impreso y un medio escrito digital implica asumir que los cánones informativos del siglo XIX siguen inalterados pese a la revolución tecnológica que experimentamos. En ese sentido, el proyecto de Farías puede ser el impulso inicial para detonar en la opinión pública la necesidad de pensar un marco normativo para los medios digitales en Chile. Ese debate debe ser llevado a cabo con datos que permitan comprender las realidades ya configuradas y con las cuales la ley debe saber dialogar.

 ¿Cuán precisa es la información ventilada en los medios digitales? El análisis de los contenidos producidos por los medios de comunicación, sobre todo los contenidos políticos, puede expresar el tratamiento periodístico y la línea editorial de los medios. En el caso de la agenda política de los medios digitales escritos, se constata el alto nivel de responsabilidad periodística detrás de la publicación de los contenidos. Esto es propio de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en democracias sanas.

DATOS Y REALIDADES: EL MAPA DE LOS MEDIOS DIGITALES

En el marco del reciente proyecto de investigación “El pluralismo en la agenda política de los medios digitales escritos de las regiones V, VIII y Metropolitana” (CONICYT PLU1300008), llevado a cabo por el Centro de Análisis e Investigación Política, se levantaron datos sobre esta materia. La metodología del estudio se basó en un catastro realizado en enero de 2014 donde se contabilizaron 282 medios digitales escritos en todo el país. Hasta el momento, este estudio –pronto a publicarse– resulta ser el levantamiento y sistematización de información más amplio sobre los medios digitales en el país. De un total nacional de 282 medios digitales escritos, el estudio se centró en 66 medios que pertenecían a las regiones de estudio. Además de un estudio de la regulación de medios en Chile y las realidades internacionales, se monitoreó su contenido político durante el período de febrero a mayo del año 2014 y se aplicó un instrumento con preguntas a comunicadores y editores de 33 de los medios en estudio.

Con estos datos, se configuró el primer mapa de medios digitales, que muestra en forma de órbitas la posición en el sistema informativo nacional. Dentro de los medios con una órbita mayor, es decir, aquellos con mayor densidad de contenidos en la agenda política, a nivel nacional se encuentran El Mostrador, La Tercera,Terra Chile, Cambio 21, Emol, The Clinic, La Nación, El Dínamo ySoy Chile. A nivel regional, aparece con fuerza la red Soy, de propiedad del grupo El Mercurio, cuyo portal Soy Chile también tiene incidencia a nivel nacional. En particular, Soy Valparaísoaparece como uno de los medios regionales con mayor flujo de visitas y de producción de contenidos. En contraste, medios pequeños definidos por la cantidad de publicaciones, pero que reconocen la diversidad nacional y la participación social. Se identificaron las afinidades y diferencias entre las agendas políticas de los diferentes medios en estudio a través de un análisis estadístico, pudiendo deducir las agendas políticas divergentes en la cobertura de temas tratados. Medios como “Contrainfórmate”, “Dichato al día” y “Putaendo informa” mantienen una agenda política diferente respecto de los demás medios estudiados, lo que demuestra la importancia de las líneas editoriales. En uno de los casos es la línea editorial contestataria, mientras que en los otros dos la preocupación de los temas locales marca la diferencia entre las agendas de los 66 medios en estudio.

Sobre la base del instrumento, se generó también un set de estadísticas sobre los medios digitales.Según el cuestionario a los comunicadores, los medios digitales no participan en conglomerados de medios de comunicación, sólo el 21% pertenece a un conglomerado. Este grupo se compone por medios asociados a redes ciudadanas (Red mi voz con el 25%), conglomerados empresariales de las comunicaciones COPESA y El Mercurio con el 25%, respectivamente, y empresas extranjeras como Claro y Metro Internacional con el 12,5%. Los medios independientes, que no participan de otros conglomerados, sí establecen relaciones formales entre otros medios a través de la circulación de autores, contenidos y actividades, ascendiendo a un 61% de los medios (censo de los comunicadores). Económicamente los medios digitales escritos se financian gracias al avisaje y publicidad de empresas, coincidiendo con una situación laboral bastante flexible, donde la participación de voluntarios en los medios más pequeños es notoria.

Este mapa que CAIP presenta no pretende ser una descripción final de la situación, sino una foto de un momento que hoy ya merece una revisión, pues la emergencia y ocaso de medios digitales está a la orden del día. Medios como El Post y Realismo Visceral han cerrado sus transmisiones, pero otros ya se han instalado en la esfera pública a pesar de llevar poco tiempo transmitiendo on-line, como El Líbero
o El Desconcierto.

LÍNEAS EDITORIALES, AGENDA POLÍTICA Y PLATAFORMAS WEB

El abogado y periodista uruguayo Hector Borrat escribió en 1989 un libro titulado El periódico, actor político, donde construye un argumento sobre la incidencia de los medios escritos en los sistemas institucionales. Su tesis, a veces olvidada en las facultades de comunicación, implica que en las escuelas de periodismo debe enseñarse a analizar el poder. Entender el poder es el objetivo si se requiere de un periodismo independiente para ventilar el mal olor del sistema político. ¿Qué piensan los editores de estos medios digitales? Les preguntamos sus posiciones en temas generales y particulares. Algunos datos interesantes permiten perfilar a los sujetos. Por ejemplo, cuando se les pregunta sobre los principales problemas del país, la “desigualdad” ocupa el 57,5% de las preferencias de los editores, seguidas por “educación” con un 36,6% y un curioso 3,03% para delincuencia.

Este énfasis en temáticas asociadas culturalmente a la centro-izquierda en Chile puede ser corroborado también con el set de preguntas referidas a la estatalidad de los bienes públicos, como servicios básicos, la salud y la seguridad social, pero también en preguntas sobre política contingente y temas controversiales sobre libertades individuales o reformas institucionales. En términos generales, los comunicadores se manifestaron en contra de privatizaciones de bienes públicos y a favor de una mayor participación del Estado, sin que ello signifique estatización. El 75,7% de los editores encuestados están en contra de que “todas las Universidades privadas debieran pasar a ser del Estado” y un 48,4% se manifestaron en desacuerdo con que “los colegios particulares-subvencionados deberían pasar a ser propiedad del Estado”. Al mismo tiempo, se manifiestan en contra de la privatización de servicios básicos (84,8%) y de empresas públicas como Codelco (87,8%).

Las agendas sobre reformas institucionales y libertades individuales demuestran ser dos de los puntos comunes en la opinión de los comunicadores. En el primer sentido, la mayoría de los comunicadores declaró estar “muy de acuerdo” con convocar a una Asamblea Constituyente (54,5%), una reforma al sistema binominal (78,7%), terminar con el lucro en las Universidades (66,6%), que las regiones escojan sus propias autoridades (84,8%), un sistema estatal de previsión (57,5%), reformar el sistema carcelario (66,6%) y reformar la Ley Antiterrorista (57,5%). Igualmente, estuvieron “muy de acuerdo” en legalizar el aborto terapéutico (78,7%) y el aborto en cualquier caso (39,9%), así como también el matrimonio igualitario (72,7%), la adopción de niños por padres del mismo sexo (60,6%), legalización del consumo y autocultivo de marihuana (57,5%), y la independencia política y presupuestaria de las regiones (54,5%).

Las líneas editoriales también dependen de la libertad de expresión, la autonomía, y el control y propiedad de los medios. Si bien los propietarios participan en los medios a través de sus mesas o equipos editoriales, un 66,6% de los comunicadores declara que sí hay participación editorial de los propietarios, aunque se destaca su escasa participación en la publicación de los contenidos (11,1% versus 88,8%). Por lo demás, la independencia de los medios digitales escritos puede corroborarse en la baja participación de conglomerados y asociaciones de otro tipo de organizaciones sociales y políticas, como fundaciones políticas, corporaciones sin fines de lucro, movimientos sociales, centros culturales, etcétera. A esto hay que agregar que casi la mitad de los comunicadores ha recibido algún tipo de presión por la publicación de los contenidos (48,4%).

El monitoreo general de la agenda política permite hacer una caracterización general de los contenidos escritos que la componen. Del total de contenidos registrados por el cuestionario de monitoreo general, el 86,6% corresponde a la “noticia” como género periodístico, significando que mayoritariamente se trata de contenidos breves (0 a 500 palabras), dejando atrás a la columna de opinión, los editoriales de los medios, los reportajes periodísticos, y las entrevistas. En general, los contenidos de la agenda política son originales (53,3%), aunque un 35,06% es contenido compartido o publicado con anterioridad por otro medio. Una de las características de los medios digitales escritos es el compartir y hacer circular los contenidos. Esto se confirma con la agenda política. La importancia de la agenda política en las pautas informativas de los medios digitales escritos se expresa en que un tercio de las veces (35%) logra ser titular. Se tiene entonces, una agenda política compuesta por noticias breves con una notoriedad regular en las pautas noticiosas de los medios de comunicación.

¿Cuán precisa es la información ventilada en los medios digitales? El análisis de los contenidos producidos por los medios de comunicación, sobre todo los contenidos políticos, puede expresar el tratamiento periodístico y la línea editorial de los medios. En el caso de la agenda política de los medios digitales escritos se constata el alto nivel de responsabilidad periodística detrás de la publicación de los contenidos. Esto es propio de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en democracias sanas. En la agenda política los contenidos reconocen autoría (86,5%), procuran un tratamiento imparcial (78,6%) sin sanción valorativa (82,5%), incluyen la corroboración con otras fuentes (91,4%), y comunican de manera clara los mensajes (97,8%). Dicho de otro modo, existe una creciente madurez en la cultura informativa de los medios digitales en Chile, desafiando las concepciones tradicionales del periodismo ciudadano como una forma de comunicación que no se rige bajo los principios del periodismo.

El sistema de medios digitales cuenta con buenos índices de accesibilidad de la información y participación de las audiencias que proveen los medios, con algunas debilidades en cuanto a la inclusión de usuarios con capacidades diferentes, o instancias de rectificación directa por parte de las audiencias, como lo han hecho otros medios y portales. Los medios tienen plataformas fácilmente navegables por el usuario (93,9%), la información publicada es accesible (83,3%) y tienen un nivel multimedia alto que hoy puede ser todavía mayor (60,6%).

La comunicación entre audiencias, gestores y productores de los contenidos también está dada por las plataformas digitales. El 100% de los medios utiliza redes sociales y el 65,1% permite que las audiencias se inscriban al medio de comunicación digital para participar en la gestión y producción de la información y los contenidos. La autocomunicación que apunta a la producción participativa de las audiencias es baja en las plataformas digitales. Mecanismos como la rectificación directa de contenidos (3,03%) y el periodismo ciudadano (21,2%) hacen falta en las plataformas de los medios. Se observa la irrelevancia que ha tomado la sección “comentarios” de cada medio, donde incluso se observa una creciente violencia entre comentaristas, caso arquetípico el de Emol. En la violencia de estos “comentarios” podrían encontrarse signos de estos tiempos.

REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PLURALISMO EN LOS MEDIOS

El pluralismo en los medios es una agenda pendiente desde la transición política chilena. No deja de ser paradójico que el régimen de Pinochet haya tolerado más prensa disidente que los años iniciales de la transición. La desaparición de Apsi, Análisis y otras es el símbolo del funeral del periodismo crítico. Un funeral que se repitió tantas veces como se intentó reavivar las llamas de una prensa que se situara fuera del duopolio. El diario El Metropolitano siguió la misma ruta del diario La Época y que, después, seguiría La Nación Domingo. En Chile hubo y hay temas de los que no se podía, de los que no se puede, hablar en público. Cuán responsables son las elites gobernantes de esta escena, debe ser ponderado con la responsabilidad de cada ciudadano que es consumidor de información en Chile.

La libertad de expresión y el pluralismo en los medios son principios reconocidos en tratados internacionales y constitucionales nacionales a lo largo de todo el mundo. El derecho a recibir información es la contracara, no siempre jurídicamente estipulada, pero ampliamente reforzada por las cortes. Los ciudadanos tienen derecho recibir información, y los medios digitales son también un modo de llevar esa información, a la vez que ejercitar la libertad de expresión de columnistas, editores, fuentes y sujetos que desean hacer ver su punto de vista sobre las cuestiones públicas. Una nueva cultura de la información debe superar a la cultura de la censura y el tabú que se instaló en el país durante los años 90. En una década, Chile fue tres veces fue condenado por Cortes Inernacionales por ser un Estado censurador de sus periodistas y por privar a sus ciudadanos de información e incluso de películas. Los casos Martorell, Matus, La última tentación de Cristo, son las claras muestras de una transición que convivió con claras políticas de censura aplicadas por las cortes. Por largos años, sobrevivió la normativa que facultaba a los jueces y autoridades públicas para perseguir por el delito especial de desacato a los sujetos que ejercieran crítica pública de sus actos. Allí figuran casos como el de Rafael Gumucio y Andrea Vial, que fueron perseguidos por Servando Jordán, porque al ex presidente de la Corte Suprema no le gustó una entrevista publicada en una revista de papel cuché.

Hoy debemos entender que pasar de antiguas políticas censuradoras a nuevas políticas de promoción del pluralismo en los medios implica promover una nueva cultura informativa que enseñe el valor público de los medios. Por lo tanto, Chile necesita una nueva política de medios, una mirada global que permita repensar la Ley 19.733. Dentro de esa nueva mirada debe estudiarse el tema específico de los medios digitales escritos, los cuales deben ser comprendidos en su situación nacional y regional. El mapa puede ser útil para ir configurando las políticas públicas que deberían estar orientadas a disminuir las asimetrías entre medios grandes y pequeños, y que facilite la participación ciudadana en el debate público, garantice la libertad de los medios en sus líneas editoriales y fomente el reconocimiento de la diversidad del país.

En esa línea, la renovación de la Ley 19.733 debe venir acompañada de una política nacional de comunicación que suponga un salto adelante acorde a la era digital, fomentando y regulando el pluralismo en los medios. Incluir las obligaciones jurídicas de los editores y los periodistas de los medios digitales, así como también otorgar acceso a fondos públicos que no tengan como determinante la cobertura o densidad de contenidos, son algunas medidas orientadas a los medios digitales. Asimismo, parece razonable pensar en una institución autónoma análoga al CNTV que cautele los derechos y deberes de los medios en su conjunto. Al mismo tiempo, la pregunta por una autoridad con mayores competencias en el campo de la comunicación, sugiere la idea de entregar más atribuciones, independencia política y capacidad económica a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que podría convertirse en un actor clave en la configuración de una nueva cultura informativa para Chile.

fuente: http://www.elmostrador.cl/pais/2015/01/14/la-nueva-cultura-informativa-la-realidad-de-los-medios-digitales/

Medios digitales y el pluralismo en los medios de Chile

Medios digitales y el pluralismo en los medios de Chile

Por Nicolás Del Valle O.

Publicado 12 de Enero 2015, El Ciudadano.

Luego del encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa en octubre del año recién pasado, la presidenta Michelle Bachelet mencionó la importancia de una prensa responsable, independiente y comprometida con la democracia, sobre todo, cuando hablamos de países que se encuentran en procesos de cambio como en Chile. Los medios de comunicación en democracia cumplen múltiples roles. Colaboran en la formación de las opiniones y percepciones de todos los ciudadanos, pero también exponen las opiniones desde la sociedad civil hacia el gobierno a través de la instalación de temas, posturas y puntos de vista en la esfera pública. En países poco democráticos, los medios terminan siendo puntas de lanzas de grupos políticos y económicos, aparatos que reproducen versiones reducidas del mundo, o ahogados sin poder transmitir libremente por la censura estatal. En democracia es deseable que las diferentes voces y puntos de vista se manifiesten en el espacio público, como también que existan medios independientes que reflejen la participación de los ciudadanos. Entonces, la intervención de la presidenta de la República invita a reflexionar sobre la situación en Chile ¿Con qué tipo de medios de comunicación contamos en nuestro país? ¿Cuál es la calidad de la información que transmiten los medios?

Por mucho tiempo se ha repetido en Chile que la concentración de la propiedad y el control es el rasgo principal de la situación de la prensa escrita. En el caso de la televisión, es la homogeneidad de los contenidos y formatos lo que se pone en relieve. Las situación de los medios radiales revela el problema de la concesión del espacio radioeléctrico y los pocos espacios para las radios comunitarias. De lo que no sabemos mucho aún es sobre los medios digitales en nuestro país. Además de unos pocos documentos de investigación, no se tiene un estudio panorámico de la cuestión en Chile. Los medios digitales son los “más jóvenes” de los medios de comunicación de masa. Junto con ellos los avance en los índices de sociedad de la información, aumento de la alfabetización digital, el uso de dispositivos inteligentes y la participación en redes sociales, dibuja un cuadro interesante. Teóricamente los nuevos medios digitales tendrían mayor facilidad para consolidarse como espacios de política democrática, haciendo ciudadanos capaces de decir lo que piensan públicamente sin miedo a represalias, que puedan difundir sus ideas en igualdad frente a otros que tienen mayores recursos, y que deseen informarse con contenidos diversos. Sin embargo, queda por constatar esto con la realidad social de los nuevos medios digitales.

Actualmente, varias organizaciones, equipos e investigadores han avanzado en el estudio del pluralismo en los medios, pero se han centrado en la investigación de las audiencias y los estudios de mercado, además de dedicarse generalmente a los medios tradicionales como la televisión, las radios o los periódicos impresos, sin poner demasiada atención en los medios digitales. De las iniciativas públicas que consisten en el fomento del estudio del pluralismo, se tiene al Consejo Nacional de Televisión CNTV que realiza estudios para velar por el pluralismo en la televisión y con el Fondo para Estudio del Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología CONICYT. Sólo este último tiene en sus tópicos el estudio de los medios digitales. No obstante, sin una agenda de investigación clara en el campo de las comunicaciones, la política y la academia, las iniciativas públicas y privadas representan esfuerzos particulares sin mayor coordinación. En cuanto a los medios digitales, lo más cercano sobre el caso Chileno es el reporte publicado el año 2012 en el marco de la iniciativa global Mapping the Digital Media de la organización internacional Open Society Fundation que ha incluido un total de 56 países a lo largo de todo el mundo. En este estudio se incorporan una gran gama de medios digitales chilenos como televisión, radio y diarios digitales, sin realizar un estudio acabado de estos últimos.

Además de esto, en términos generales la precaria evidencia con la que se cuenta, indica que la realidad de los medios digitales sigue exponiendo ciertos grados de concentración y precariedad que pueden ser detectados en el nivel de producción de contenidos, influencia en las audiencias, financiamiento y modelos de negocios, composición técnica de los equipos, entre otros temas. Por esta razón, preguntas sobre el fomento de nuevos medios digitales, mejor calidad del periodismo ciudadano y la renovación en la legislación acorde a la era de la información, resultan urgente para enfrentar la era digital. 

Junto a esta iniciativa de registrar los medios digitales a nivel global, se pueden identificar una serie de otras iniciativas de organizaciones internacionales interesadas en la relación entre la política y las comunicaciones. Las mediciones o formas de captar la situación de los medios en cada país, promoviendo la libertad, la diversidad y la desconcentración para una mejor democracia, tienen como objetivo producir datos liberados para activistas que ejercen presión desde la esfera pública, académicos de las comunicaciones y las ciencias sociales, hacedores de política pública que definen las políticas de las telecomunicaciones, y la ciudadanía en general interesada en la calidad de los medios que informan a todo un país. Dentro de estos índices cabe destacar los Indices de Censura, de libertad de expresión y de lalibertad de prensa que son aplicados regularmente generando datos que pueden ser seguidos en el tiempo y comparados entre diferentes países. En esta misma línea, la mayor innovación política fue la iniciativa europea sobre un Monitor de Pluralismo en los Medios de la Unión Europea. En octubre de 2014 hemos conocido los primeros resultados del “escaner europeo” para la protección y promoción del pluralismo en los medios que apuntan a identificar los riesgos al pluralismo para así fortalecer la democracia. Este precedente de fundar monitores regionales o nacionales de pluralismo en los medios resulta una perspectiva interesante para la realidad política del país.

En general, Chile obtiene buenos puntajes en los índices de libertad de medios, aunque suscite pequeños problemas; sin embargo, cuando se habla de concebir no sólo la libertad de los medios sino el “pluralismo” que involucra participación social y política, diversidad de puntos de vista, y una distribución equitativa del poder de los medios, las voces ciudadanas avizoran un mal diagnóstico. En Chile, la participación ciudadana en los medios de comunicación, en su gestión y producción de los contenidos es sumamente baja, incluso en aquellos medios que tienen las capacidades tecnológicas para ello (medios digitales). Asimismo, en términos estructurales no se cuenta con una estrategia nacional de medios de comunicación que promueva la existencia de medios comunitarios e independientes que permitan la cohesión social, la participación ciudadana y la información autónoma de los ciudadanos. Esta falta de estrategia puede ser reflejada en la ausencia de un consejo nacional de medios de comunicación que vele por el pluralismo en los medios. Lo más cercano a eso es el CNTV que sólo se preocupa por una sola familia de los medios de comunicación: la televisión.

La innovación política y técnica que ha significado la creación del Monitor de Pluralismo en los Medios en Europa, sobre todo por el gran debate que concitó y el desarrollo que investigadores realizaron en el campo de conceptual y metodológico, debe ser observado con atención. Primero, para aprender los aciertos y errores, pero sobre todo para no replicar el modelo al pie de la letra y ser presos de sus preocupaciones. El debate por el derecho a la comunicación está por venir en la sociedad chilena, para lo cual se requieren visiones informadas que participen en el debate público y que definan una regulación de las comunicaciones que promueva un diálogo democrático que implique un reparto equitativo de quienes participan en la esfera pública. Por lo demás, instala el precedente de la importancia política de las mediciones y los conceptos utilizados para elaborar soluciones institucionales a los problemas detectados.

La iniciativa Europea de crear instituciones comunes para discutir qué entendemos, cómo medimos y cuáles son las políticas sobre la comunicación, ha sido recientemente apoyada por UNESCO para América Latina, cuestión no menor al pensar a Chile en el contexto regional. ¿Necesitamos una institución independiente que analice y evalúe la situación de los medios de comunicación? ¿Cuál es la situación de la institucionalidad de las telecomunicaciones? ¿Hay igualdad de acceso y participación en el sistema de medios en Chile? Son algunas preguntas que tenemos que hacernos como investigadores, políticos, periodistas y ciudadanos en general. La creación de un monitor nacional de pluralismo en los medios en Chile podría ser el punta pie inicial para un largo debate sobre el derecho a la comunicación que incluya los contenidos y las condiciones estructurales del sistema informativo en su totalidad. Seguir las indicaciones UNESCO y mirar al Monitor Europeo puede dar pistas de próximos caminos a seguir.

En días que aparecen intentos de re-actualizar la normativa de medios de comunicación, lo que cabe preguntarse es si como país estamos aprovechando las condiciones técnicas para producir relaciones sociales más libres, donde cada uno de los ciudadanos y ciudadanas pueda expresar públicamente sus pareceres, donde todos participamos del reparto igualitario del sentido a través de comparecer con otros.

* El autor es Profesor visitante, University of New South Wales (Australia)  e Investigador de la Universidad Diego Portales.

Nicolás Del ValleEl Ciudadano

Fuente: http://www.elciudadano.cl/2015/01/12/138560/medios-digitales-y-el-pluralismo-en-los-medios-de-chile/

Pluralismo en las radios y la política de medios en Chile

En los últimos meses la discusión sobre cuotas de contenido musical chileno en las radios del país ha aumentado por el advenimiento de la votación en el parlamento. Mientras que los representantes de las radios junto al ex Presidente Sebastián Piñera y el ex ministro de cultura se han opuesto a la propuesta, músicos chilenos y personeros de la coalición de gobierno luchan por la promoción de la música chilena a través de una cuota de 20% en las parrillas programáticas. En términos públicos se enfrentan los artistas y las radios, músicos asociados en la Unión Nacional de Artistas (UNA) y la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD) versus la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI). Esta lucha ha sido remarcada las últimas semanas con el mensaje transmitido en las radios del país “la música chilena debe fomentarse y difundirse, no imponerse”.

Las radiodifusoras arguyen que es una imposición que vulnera la libertad de las líneas editoriales que definen el perfil de los contenidos transmitidos, como también que puede resultar en un mal negocio para aquellas radios que pierdan audiencias por haberse alejado de los contenidos que los consumidores deseaban escuchar. Si una radio se define editorialmente por transmitir música anglo y se ve en la obligación de transmitir música chilena, puede perder sus audiencias ávidas de consumir música en inglés. Este argumento ha sido rebatido por Carolina Tohá en El Mostrador año 2011: ” también es música chilena (…) un tema de Victor Jara interpretado por Metallica”, justificando cómo la ley entrega espacios de autonomía editorial. Por otro lado, las radios califican esta medida como una “imposición” arbitraria; sin embargo, difícilmente puede calificare de esta manera cuando es un proyecto de ley discutida y razonada de manera democrática en nuestro parlamento sobre un bien público finito, el espacio radioeléctrico, que pertenece a todos los chilenos. Quizás el único argumento que no ha sido debidamente rebatido es la posible merma económica a partir de proyecciones.

Pues bien, los argumentos de las emisoras no terminan siendo convincentes o persuasivas al momento de apelar a la libertad de las empresas para transmitir contenidos, pues se lucra con el espacio radioeléctrico, porque en su argumentación dan prioridad a los consumidores (audiencias) en vez de los ciudadanos representados en el parlamento y porque prefieren abogar por las posibles pérdidas económicas y no por la distribución equitativa de los contenidos nacionales y extranjeros. Detrás de esta lucha de argumentos, sean persuasivos o no, se está disputando un conjunto de valores que cada una de las partes supone como válidos y capaces de ser aceptados por todos los demás, pero que no son explícitos y que deberían serlo para aclarar el debate y definir una política de medios pluralista.

El pluralismo en los medios de comunicación

El Centro de Analisis e Investigación Política, con un proyecto del fondo de pluralismo en el sistema informativo nacional de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, ha aportado algunos elementos al debate sobre el pluralismo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una pieza fundamental de un sistema político democrático, sobre todo considerando a las radios que son percibidas como los medios más confiables por parte de la ciudadanía.

En las sociedades pluralistas los sistemas informativos y de medios de comunicación deben estar distribuidos equitativamente en términos de propiedad y control de los medios, en cuanto a los recursos y capacidades que tienen los medios en comparación a otros, y en los grados de influencia en la sociedad. Un sistema concentrado donde sólo algunos tienen las capacidades y recursos para emprender un medio de comunicación e incidir en las audiencias, no es pluralista. De igual modo, los medios de comunicación deben representar diferentes intereses, ideas y realidades propios de cada sociedad, diversidad de temas tratados, posturas y líneas editoriales de medios y pluralidad de los géneros, formatos y soportes con los que se transmite la información. Un sistema de medios monocromático que reduce la pluralidad de puntos de vista y modos de expresión tampoco sería pluralista. Pero también el sistema debe contemplar garantías para la libertad de difundir ideas y opiniones de manera organizada, sin interferencia externa de los poderes como los económicos y políticos. En este sentido se debe apelar a la libertad en la existencia de más medios de comunicación independientes, en las garantías para expresar y discutir las opiniones públicamente y para organizarse y emprender nuevos medios de comunicación. Un sistema que no permite fundar nuevos medios, donde se castiga la independencia y permanecen prácticas antidemocráticas como la censura y las presiones a periodistas no es un sistema informativo pluralista. Finalmente, el pluralismo en los medios supone que las audiencias puedan incidir en los contenidos de los medios de comunicación gracias a los espacios de participación y plataformas que permiten establecer relaciones simultáneas y horizontales con las audiencias, haciendo del periodismo ciudadano y las audiencias productoras de información. En suma, el pluralismo en los medios debe ser distribuido, diverso, libre y participativo.

Así puestas las cosas, en el debate sobre las radios mientras unos apelan al reparto equitativo del poder comunicativo y la diversidad como reconocimiento de la cultura nacional (agrupaciones de artistas nacionales), otros apelan a la libertad de cada uno de los agentes difusores y a la participación de las preferencias de las audiencias en la definición de las parrillas programáticas (agrupación de radios). La libertad en términos de autonomía y libertad de expresión de las radios es un elemento fundamental del pluralismo democrático, pero también una distribución equitativa de los contenidos y el espacio radial, y el reconocimiento de culturas que aportan a la diversidad de la sociedad. Ahora bien, en cualquier caso, la concentración del control y la propiedad de las radios, su relación de dependencia respecto de industrias como la discográfica y publicitaria, y la prioridad de las ganancias por sobre la garantía de un pluralismo en los medios, son amenazas para la democracia.

Todos los valores y principios en juego tienen sentidos más complejos que los supuestos por los agentes que se enfrentan. Tener claridad sobre ellos no solo ayudaría al entendimiento y la comunicación sino además permitiría formular una política de medios de comunicación que tenga como su principio rector el pluralismo.

Abordar el debate de manera integral: el objetivo de una política democrática de medios.

Un país pluralista es una sociedad en la cual progresivamente los individuos se vuelven autónomos respecto de los principios impuestos por las familias y las costumbres, siendo cada vez más diversos y teniendo las garantías para expresar sus diferencias públicamente. Más aún, el pluralismo democrático requiere de un Estado que promueva la diferencia y la participación de la ciudadanía en el ámbito público pues al comparecer con otros los ciudadanos se tornan más íntegros y reflexivos, capaces de regir sus vidas de acuerdo a sus propios valores y principios. Esta es la idea que se encuentra detrás de los argumentos de los músicos y las emisoras, de los argumentos de las izquierdas y las derechas modernas. Este es el valor que es aceptado por todos y que en cada argumento se anhela. Libertad de las radios respecto del Estado, participación de las audiencias en las parrillas programáticas, distribución equitativa de la industria musical extranjera y la nacional, reconocimiento de la música nacional para la diversidad en los medios.

Independiente de quienes esgriman los mejores argumentos, fuera de quien salga victorioso luego de este proyecto de ley, queda claro que desde ambos lados no se aborda la cuestión integralmente. El 20% es un avance en el reconocimiento de nuestro patrimonio para la diversidad en los medios, para la participación de los creadores en los contenidos transmitidos, en la distribución de los contenidos musicales y en la libertad de los chilenos para expresar en las radios sus creaciones artísticas. Pero es insuficiente cuando se piensa holísticamente las dimensiones aquí expuestas. Si se desea un sistema de radios pluralista debería formularse políticas que promuevan radios comunitarias, comunales y digitales (de hecho recientemente se ha comunicado una alianza entre la asociación de músicos chilenos y las radios comunales por un 40% de música chilena). También queda fuera la discusión sobre la concentración en la propiedad y control de los medios reducidos en algunos grupos económicos, la diversidad de géneros, formatos y posturas, o la libertad de los ciudadanos de crear radios que promuevan puntos de vista minoritarios que colaboran al pluralismo. Hoy, en la era digital, donde los podcast y las radios on-line proliferan, el llamado es a pensar el debate de las radios en uno mayor: el pluralismo en los medios de comunicación en Chile.

http://realismovisceral.com/2014/03/pluralismo-en-las-radios-y-la-politica-de-medios-en-chile/

Comunidades de memoria: el desafío de las políticas de Derechos Humanos

Publicado por El Mostrador, 11 de febrero 2014

El concepto de “comunidades de memoria” no fue utilizado en estudios o intervenciones sociales en torno a casos de memorias de las violaciones a los derechos humanos en Chile hasta un reciente proyecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ejecutado por el Centro de Análisis e Investigación Política CAIP. Las comunidades de memoria son grupos humanos que se constituyen por los recuerdos del pasado, reproduciéndolos públicamente a través de diversas prácticas sociales, políticas y culturales. Todas y todos quienes participan en estas comunidades tienen algo en común: una falta, ausencia o pérdida de un cercano, un familiar, una vida. En Chile, la conformación de estas comunidades se ha caracterizado permanentemente por la lucha por la memoria, primero, para definir el sentido de lo sucedido, qué y cómo recordamos la violencia pasada y, en segundo lugar, para ser reconocidos como sujetos dignos de respeto y justicia. Que se conozca la verdad sobre los hechos ocurridos, que se encuentre y condene a los responsables y que se asuma la reparación de las víctimas como un desafío inacabable, han sido ejes de las luchas y políticas de memoria. Que los crímenes sucedidos de manera sistemática entraran en la narrativa de la historia oficial a través de políticas públicas, programas e instituciones, es resultado de estas luchas.

Sin embargo, en materia de procesos judiciales y reparación, los desafíos son aún mayores. Gran parte de las causas de DD.HH. están aún en proceso. Y esto es amplificado cuando se comprende que la justicia y la reparación son irreductibles a medidas económicas o judiciales. La existencia de memoriales, conmemoraciones públicas y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, son demostraciones de que tanto la verdad, la justicia y la reparación incluyen una dimensión simbólica ineludible. En cuanto a los lugares de memoria, se espera que expresen públicamente el sufrimiento que involucra la violación sistemática de los derechos humanos, pues de este modo se logra hacer patente la verdad de los hechos, se hace justicia a la memoria de las víctimas y se repara simbólicamente a los familiares, cercanos y amigos de los torturados, ejecutados y desaparecidos. Entonces, las batallas por la memoria que emprenden las organizaciones de la sociedad no son sólo políticas y judiciales, sino también culturales. Este último punto es quizás el desafío mayor de los próximos gobiernos: profundizar y fortalecer una cultura de derechos humanos.

El impacto, entonces, en el caso de las políticas de sitios de memoria, viene dado por la preservación y promoción efectiva de la memoria y los derechos humanos desde la tríada “sitio, comunidad y entorno”. En definitiva, ¿cuánto y cómo impactaron las políticas públicas en las comunidades y localidades respecto a la afirmación de una cultura de derechos humanos luego del reconocimiento de las violaciones de los mismos?
La responsabilidad estatal de verdad, justicia y reparación para una cultura de derechos humanos debe asumir que se trata de una tarea inacabable que, si se centra en la construcción de monumentos y memoriales, no puede olvidar a los sujetos protagonistas y herederos de la memoria promovida por el Estado chileno. Mientras que las políticas de reparación han apuntado a la instalación de memoriales que representen el pasado violento, los estudios que ha realizado CAIP demuestran la importancia del reconocimiento de las comunidades de memoria que mantienen y gestionan los sitios de memoria. Si las políticas públicas se han enfocado en los sitios, uno de los hallazgos es la urgencia de estudiar y consolidar a las comunidades de memoria. Esto queda corroborado con las experiencias de espacios sin comunidades que cultiven la memoria, mermando el impacto esperado y deviniendo monumentos o sitios desolados. Los lugares de memoria no pueden ser entendidos independientes de las comunidades, no sólo porque los primeros fueron, en su mayoría, impulsados por las segundas, sino, sobre todo, porque la mantención y gestión de los memoriales requiere de una participación activa de las comunidades vinculadas a éstos. ¿Cuáles son los recursos (humanos, técnicos, económicos) necesarios para mantener y gestionar un sitio de memoria? ¿Cuáles son las estrategias de las comunidades para reunir los recursos mínimos para gestionar un memorial? ¿Cuántas comunidades han fracasado en el intento de gestionar un sitio? Son algunas preguntas que los chilenos deben hacerse en torno a la proliferación de memoriales en nuestro país.

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMORIA
El año 2012, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur elaboró un informe que responde al desafío de la evaluación de las políticas de memoria. Los países del Mercosur y asociados deben velar por la instauración de una cultura de derechos humanos en un nivel normativo y operativo que confirme el compromiso con estos principios que emanan del derecho internacional. De este modo, la agenda latinoamericana en materia de memoria y derechos humanos está marcada por la evaluación de políticas de gobiernos que han sido implementadas en los años posteriores a las dictaduras en la región.

Preliminarmente al menos, la situación de las comunidades de memoria vinculadas a los sitios de memoria es una dimensión, entre otras, a incluir en cualquier evaluación de las políticas de sitios de memoria. Preguntas sobre la vigencia institucional, las necesidades y la composición de las comunidades de memoria son algunas de las cuestiones a rescatar para evaluar los impactos sociales que generan las políticas públicas. ¿Cuánto y cómo impactaron los memoriales en las comunidades que se constituyen por el recuerdo de la pérdida y la violencia pasadas?

En Chile, gran parte de los memoriales construidos en los gobiernos de postdictadura fueron promovidos por organizaciones de la sociedad civil, como Agrupaciones de Familiares, y organizaciones de DD.HH. Las comunidades de memoria participaron desde un inicio en el reconocimiento de los crímenes. Esta pretensión supone un ejercicio público de la memoria en diversas actividades, como talleres culturales, visitas a los memoriales, educación en DD.HH., reuniones, eventos artísticos y estudios sociales. Esta característica puede ser verificada en todos los sitios de memoria que son gestionados por una comunidad. La promoción de la memoria y los derechos humanos es siempre un acto público. En otras palabras, al considerar las comunidades (y su relación con los sitios) en el centro de las políticas públicas, deben incorporarse indicadores que evalúen sus capacidades organizativas y de vinculación con el medio. La promoción de los derechos humanos implica un ejercicio público de ampliar su incidencia más allá de las fronteras de los memoriales, lo que significa estudiar las relaciones con el gobierno local y la sociedad civil. Sitios de memoria sin vinculación con el medio son espacios geográficos que no logran su propósito.

Las políticas responden a problemas públicos y tienen por objetivo abordarlos generando un impacto social, un cambio en la realidad tendiente a la resolución del problema creando un bien público. El impacto, entonces, en el caso de las políticas de sitios de memoria, viene dado por la preservación y promoción efectiva de la memoria y los derechos humanos desde la tríada “sitio, comunidad y entorno”. En definitiva, ¿cuánto y cómo impactaron las políticas públicas en las comunidades y localidades respecto a la afirmación de una cultura de derechos humanos luego del reconocimiento de las violaciones de los mismos?

PROPUESTAS DESDE LOS SITIOS DE MEMORIA EN CHILE
El 11 de octubre del año recién pasado, un conjunto de sitios y comunidades de memoria elaboraron una carta dirigida a los diferentes candidatos a la Presidencia de la República. Esta misiva confirma la difícil situación de los sitios en Chile y la agenda de éstos en el debate público. El financiamiento parcial por parte del Estado es uno de los primeros escollos. Si bien es cierto hay algunos sitios de memoria que contemplan financiamiento directo, como Villa Grimaldi y Londres 38, esta medida ha significado, por un lado, exponer la desigualdad con otros sitios más pequeños que no logran solventar las actividades mínimas para el mantenimiento, gestión, preservación y promoción de la memoria y, por otro lado, el compromiso y la responsabilidad estatal para con los sitios de memoria en Chile.

El diagnóstico general responde a que la política pública ha sido la ausencia de una política, la falta de una estrategia en materia de memoria y derechos humanos que coordine a diferentes instituciones de la sociedad civil y el Estado. Ahora bien, ¿cuáles son los lineamientos o ejes centrales que podría tener una política pública desde el Estado? Los sitios de memoria ya lo han definido en su carta a los presidenciables: reconocimiento de sitios demandados por comunidades de memoria, apoyo en la gestión y funcionamiento de los sitios basado en la autonomía de las comunidades, asegurar un financiamiento estable, promover la investigación y la producción de conocimiento, visitas a memoriales en el currículum de la educación en derechos humanos y definir una política de archivos que conste en la apertura y acceso público a lo largo del país.

Hasta el momento, parece que estos temas quedaron atrás junto a la agenda de los 40 años del golpe de Estado; no obstante, seguirá siendo urgente no sólo para coincidir con el derecho internacional, sino también, y sobre todo, para que se termine con situaciones de precariedad de las comunidades de memoria, factor central en el avance de una cultura de derechos humanos como la base de la convivencia social a partir de los sitios de memoria. Si el Estado invirtió fondos públicos en la construcción de memoriales, no se espera que los sitios resulten en mausoleos personales, sino que preserven y promuevan la memoria para una cultura de derechos humanos. Sin esto, dilemas éticos y políticos, como los suscitados en septiembre de 2013, seguirán repitiéndose.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/02/11/comunidades-de-memoria-el-desafio-de-las-politicas-de-derechos-humanos/