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Comunidades de memoria: el desafío de las políticas de Derechos Humanos

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Publicado por El Mostrador, 11 de febrero 2014

El concepto de “comunidades de memoria” no fue utilizado en estudios o intervenciones sociales en torno a casos de memorias de las violaciones a los derechos humanos en Chile hasta un reciente proyecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ejecutado por el Centro de Análisis e Investigación Política CAIP. Las comunidades de memoria son grupos humanos que se constituyen por los recuerdos del pasado, reproduciéndolos públicamente a través de diversas prácticas sociales, políticas y culturales. Todas y todos quienes participan en estas comunidades tienen algo en común: una falta, ausencia o pérdida de un cercano, un familiar, una vida. En Chile, la conformación de estas comunidades se ha caracterizado permanentemente por la lucha por la memoria, primero, para definir el sentido de lo sucedido, qué y cómo recordamos la violencia pasada y, en segundo lugar, para ser reconocidos como sujetos dignos de respeto y justicia. Que se conozca la verdad sobre los hechos ocurridos, que se encuentre y condene a los responsables y que se asuma la reparación de las víctimas como un desafío inacabable, han sido ejes de las luchas y políticas de memoria. Que los crímenes sucedidos de manera sistemática entraran en la narrativa de la historia oficial a través de políticas públicas, programas e instituciones, es resultado de estas luchas.

Sin embargo, en materia de procesos judiciales y reparación, los desafíos son aún mayores. Gran parte de las causas de DD.HH. están aún en proceso. Y esto es amplificado cuando se comprende que la justicia y la reparación son irreductibles a medidas económicas o judiciales. La existencia de memoriales, conmemoraciones públicas y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, son demostraciones de que tanto la verdad, la justicia y la reparación incluyen una dimensión simbólica ineludible. En cuanto a los lugares de memoria, se espera que expresen públicamente el sufrimiento que involucra la violación sistemática de los derechos humanos, pues de este modo se logra hacer patente la verdad de los hechos, se hace justicia a la memoria de las víctimas y se repara simbólicamente a los familiares, cercanos y amigos de los torturados, ejecutados y desaparecidos. Entonces, las batallas por la memoria que emprenden las organizaciones de la sociedad no son sólo políticas y judiciales, sino también culturales. Este último punto es quizás el desafío mayor de los próximos gobiernos: profundizar y fortalecer una cultura de derechos humanos.

El impacto, entonces, en el caso de las políticas de sitios de memoria, viene dado por la preservación y promoción efectiva de la memoria y los derechos humanos desde la tríada “sitio, comunidad y entorno”. En definitiva, ¿cuánto y cómo impactaron las políticas públicas en las comunidades y localidades respecto a la afirmación de una cultura de derechos humanos luego del reconocimiento de las violaciones de los mismos?
La responsabilidad estatal de verdad, justicia y reparación para una cultura de derechos humanos debe asumir que se trata de una tarea inacabable que, si se centra en la construcción de monumentos y memoriales, no puede olvidar a los sujetos protagonistas y herederos de la memoria promovida por el Estado chileno. Mientras que las políticas de reparación han apuntado a la instalación de memoriales que representen el pasado violento, los estudios que ha realizado CAIP demuestran la importancia del reconocimiento de las comunidades de memoria que mantienen y gestionan los sitios de memoria. Si las políticas públicas se han enfocado en los sitios, uno de los hallazgos es la urgencia de estudiar y consolidar a las comunidades de memoria. Esto queda corroborado con las experiencias de espacios sin comunidades que cultiven la memoria, mermando el impacto esperado y deviniendo monumentos o sitios desolados. Los lugares de memoria no pueden ser entendidos independientes de las comunidades, no sólo porque los primeros fueron, en su mayoría, impulsados por las segundas, sino, sobre todo, porque la mantención y gestión de los memoriales requiere de una participación activa de las comunidades vinculadas a éstos. ¿Cuáles son los recursos (humanos, técnicos, económicos) necesarios para mantener y gestionar un sitio de memoria? ¿Cuáles son las estrategias de las comunidades para reunir los recursos mínimos para gestionar un memorial? ¿Cuántas comunidades han fracasado en el intento de gestionar un sitio? Son algunas preguntas que los chilenos deben hacerse en torno a la proliferación de memoriales en nuestro país.

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMORIA
El año 2012, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur elaboró un informe que responde al desafío de la evaluación de las políticas de memoria. Los países del Mercosur y asociados deben velar por la instauración de una cultura de derechos humanos en un nivel normativo y operativo que confirme el compromiso con estos principios que emanan del derecho internacional. De este modo, la agenda latinoamericana en materia de memoria y derechos humanos está marcada por la evaluación de políticas de gobiernos que han sido implementadas en los años posteriores a las dictaduras en la región.

Preliminarmente al menos, la situación de las comunidades de memoria vinculadas a los sitios de memoria es una dimensión, entre otras, a incluir en cualquier evaluación de las políticas de sitios de memoria. Preguntas sobre la vigencia institucional, las necesidades y la composición de las comunidades de memoria son algunas de las cuestiones a rescatar para evaluar los impactos sociales que generan las políticas públicas. ¿Cuánto y cómo impactaron los memoriales en las comunidades que se constituyen por el recuerdo de la pérdida y la violencia pasadas?

En Chile, gran parte de los memoriales construidos en los gobiernos de postdictadura fueron promovidos por organizaciones de la sociedad civil, como Agrupaciones de Familiares, y organizaciones de DD.HH. Las comunidades de memoria participaron desde un inicio en el reconocimiento de los crímenes. Esta pretensión supone un ejercicio público de la memoria en diversas actividades, como talleres culturales, visitas a los memoriales, educación en DD.HH., reuniones, eventos artísticos y estudios sociales. Esta característica puede ser verificada en todos los sitios de memoria que son gestionados por una comunidad. La promoción de la memoria y los derechos humanos es siempre un acto público. En otras palabras, al considerar las comunidades (y su relación con los sitios) en el centro de las políticas públicas, deben incorporarse indicadores que evalúen sus capacidades organizativas y de vinculación con el medio. La promoción de los derechos humanos implica un ejercicio público de ampliar su incidencia más allá de las fronteras de los memoriales, lo que significa estudiar las relaciones con el gobierno local y la sociedad civil. Sitios de memoria sin vinculación con el medio son espacios geográficos que no logran su propósito.

Las políticas responden a problemas públicos y tienen por objetivo abordarlos generando un impacto social, un cambio en la realidad tendiente a la resolución del problema creando un bien público. El impacto, entonces, en el caso de las políticas de sitios de memoria, viene dado por la preservación y promoción efectiva de la memoria y los derechos humanos desde la tríada “sitio, comunidad y entorno”. En definitiva, ¿cuánto y cómo impactaron las políticas públicas en las comunidades y localidades respecto a la afirmación de una cultura de derechos humanos luego del reconocimiento de las violaciones de los mismos?

PROPUESTAS DESDE LOS SITIOS DE MEMORIA EN CHILE
El 11 de octubre del año recién pasado, un conjunto de sitios y comunidades de memoria elaboraron una carta dirigida a los diferentes candidatos a la Presidencia de la República. Esta misiva confirma la difícil situación de los sitios en Chile y la agenda de éstos en el debate público. El financiamiento parcial por parte del Estado es uno de los primeros escollos. Si bien es cierto hay algunos sitios de memoria que contemplan financiamiento directo, como Villa Grimaldi y Londres 38, esta medida ha significado, por un lado, exponer la desigualdad con otros sitios más pequeños que no logran solventar las actividades mínimas para el mantenimiento, gestión, preservación y promoción de la memoria y, por otro lado, el compromiso y la responsabilidad estatal para con los sitios de memoria en Chile.

El diagnóstico general responde a que la política pública ha sido la ausencia de una política, la falta de una estrategia en materia de memoria y derechos humanos que coordine a diferentes instituciones de la sociedad civil y el Estado. Ahora bien, ¿cuáles son los lineamientos o ejes centrales que podría tener una política pública desde el Estado? Los sitios de memoria ya lo han definido en su carta a los presidenciables: reconocimiento de sitios demandados por comunidades de memoria, apoyo en la gestión y funcionamiento de los sitios basado en la autonomía de las comunidades, asegurar un financiamiento estable, promover la investigación y la producción de conocimiento, visitas a memoriales en el currículum de la educación en derechos humanos y definir una política de archivos que conste en la apertura y acceso público a lo largo del país.

Hasta el momento, parece que estos temas quedaron atrás junto a la agenda de los 40 años del golpe de Estado; no obstante, seguirá siendo urgente no sólo para coincidir con el derecho internacional, sino también, y sobre todo, para que se termine con situaciones de precariedad de las comunidades de memoria, factor central en el avance de una cultura de derechos humanos como la base de la convivencia social a partir de los sitios de memoria. Si el Estado invirtió fondos públicos en la construcción de memoriales, no se espera que los sitios resulten en mausoleos personales, sino que preserven y promuevan la memoria para una cultura de derechos humanos. Sin esto, dilemas éticos y políticos, como los suscitados en septiembre de 2013, seguirán repitiéndose.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/02/11/comunidades-de-memoria-el-desafio-de-las-politicas-de-derechos-humanos/

Carta al Director: Chocolate, maltrato animal y presidenciables

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Chocolate, maltrato animal y presidenciables

Estimado Señor Director:

Las sociedades muchas veces muestran su mejor o peor cara de acuerdo a cómo tratan a los más débiles: sus niños, deficientes mentales, ancianos y animales. La crueldad o indiferencia hacia ellos es una prueba de la calidad normativa de una comunidad humana; así como el respeto a la diversidad lo es del grado de arraigo de la libertad entre ellos.

Lamentablemente, los casos de maltrato animal en nuestro país son parte del paisaje. Los perros envenenados en el centro de Punta Arenas llamaron la atención nacional. Hoy lo hace Chocolate, perro antofagastino que murió tras agonizar 2 días luego que desconocidos lo violaran y le introdujeran fierros y palos por el ano. No es el primer caso en la zona.

En nuestro país tenemos hoy el privilegio de poder hablar del desarrollo como una posta alcanzable. Como es sabido, desarrollo es más que PIB. Entre otros, debe implicar alguna consideración jurídica hacia los más débiles e indefensos. ¿Y quién más indefenso que los animales que, como Chocolate, apenas gozan de protección jurídica? Si nos comparamos internacionalmente con aquellos que vale la pena, estamos a años luz en lo que refiere al trato de los animales.

Estamos en época de elecciones –cuando los candidatos dibujan sus visiones de país. Invitamos a los/as candidatos/as a que se hagan parte de la discusión respecto al trato de los animales con proposiciones concretas. Es cierto, los perros no votan; pero los ciudadanos debemos juzgar el talante ético de quienes aspiran a dirigir y normar sobre nuestra sociedad.

Mariano de la Maza

Decano de Filosofía UC

Tomás Chuaqui

Director College UC

Diego Rosssello

Profesor Teoría Política UC

Alfonso Donoso

Profesor Filosofía Política UC

Daniel Loewe

Profesor Filosofía Política UAI

Gonzalo Bustamante

Profesor Filosofía Política UAI

Mauro Basaure

Profesor Sociología UNAB

Aldo Mascareño

Profesor Sociología UAI

Rodrigo Cordero

Profesor Sociología UDP

Ely Orrego

Cientista Política UC

Diego Sazo

Cientista Político CAIP

Nicolás del Valle

Director CAIP

Claudio Riveros

Profesor Ciencias Sociales UAI

Mathieu González

Cientista Político U. de Lovaina

María Isabel Retamal

Profesora de Economía UAI

Manuel Wellington

Profesor de Economía UAI

Felipe Schwember

Profesor Filosofía UAI

Francisca del Río

Profesora de Psicología UDP

Juan Ormeño

Profesor de Filosofía UDP

Nicolás Espejo

Profesor de Derecho U.Central

Daniel Chernillo

Profesor de Sociología Loughborough University

Cristóbal Bellolio

Profesor de Ciencia Política UAI

Susana Gazmuri

Profesora de Historia UAI

Eduardo Fermandois

Profesor de Filosofía UC

Elke Steckkoenig

Profesora Centro de Ética-Tübingen

Vanessa Kaiser

Profesora Ciencia Política-UC

Hassan Akram

Profesor Pensamiento Económico UDP

Fernando Larrain Aninat

Facultad de Economía UDP

David Altman

Ciencia Política UC

El político profesional, el gerente y la derecha en Chile

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Escribir sobre el cuadro político de estos días no es fácil. Fue algo así como una obra de teatro que se fue montando poco a poco, donde, de pronto, se desencadena un conjunto de acontecimientos que dibujan la antesala del rito catártico: la sustitución de un candidato, de un rostro por otro, de un buen gerente a un político profesional. 

La llegada de Michelle Bachelet y su modo de marcar la agenda pública, la Concertación re-articulándose internamente con las primarias y próximas elecciones, Andrés Allamand y Laurence Golborne luchando por el posicionamiento en primarias, Marco Enriquez-Ominami guardando sus “cartuchos” para luego de las primarias, y un Marcel Claude representando a una izquierda extraparlamentaria cada vez más carente de apoyo electoral pero también más diversa y compleja, arman un escenario presidencial donde es la presidenta la que marca la pauta. En este cuadro, Longueira viene bien, pues perfila un escenario que con Golborne era más incierto para la UDI. 

Con la caída de Golborne se expusieron los líderes con potencial presidenciable. Por la mañana, aún antes de las reuniones que pusieron fin a la candidatura, Jovino Novoa, que había sido un férreo defensor de la candidatura de Laurence Golborne, ya avizoraba en una entrevista a dos posibles candidatos de la UDI: Evelyn Mattei y Pablo Longueira. Con Allamand en la contienda, se muestra cómo el recambio político en la derecha chilena cristalizó el día de ayer. La “Patrulla Juvenil” vuelve a la carga en la derecha, algo así como una nostalgia noventera, pero en su versión 2.0. 

Pablo Longueira, su conferencia de prensa sobre las graves fallas en las cifras públicas emitidas por el INE, su posterior renuncia al Ministerio de Economía y, finalmente, su ascenso a la candidatura presidencial de la UDI, fue un proceso ritual que manifestó públicamente cómo una forma de liderar políticamente se impuso sobre otra y ocultó, a su vez, muchas cosas importantes. Tendió un manto sobre los negocios de Golborne, ahora todos hablamos de Longueira, pocos de los negocios ocultos del otrora candidato. La política es dura, tal como Laurence Golborne declaraba en la última entrevista televisiva que dio como candidato a la presidencia, pero ¿por qué fue la relación con los negocios lo que significó su caída? Golborne era un gerente, un hombre de negocios que llegó a la política desde el mundo empresarial. Los dueños y la empresa había cambiado, pero él seguía siendo un eficiente y simpático gestor de oportunidades y solucionador de problemas. Entonces, terminaba siendo un gerente, un representante, algo así como un vocero de ciertos intereses de la UDI.

Pero cuando de política estamos hablando, el problema de la lógica gerencial del management es que no entiende el doble movimiento de la representación. La representación no es mero reflejo de los intereses de los agentes, sino que requiere una dimensión que lidere y motive a los agentes. En la carencia de liderazgo radica la falta de la legitimidad que es construida con años de trabajo en equipo, de esfuerzo, de victorias y derrotas políticas. Si bien Golborne solidarizaba con su sector, nunca lo lideró. Bien lo dijo Longueira, para él todo partió hace 30 años. Para Golborne, recién hace tres.

fuente: http://realismovisceral.cl/verarticulo.php?id=199&comentado=no

El caso bombas: una forma de hacer política en Chile

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El caso bombas: una forma de hacer política en Chile

*Publicada 21 de junio 2012, Ballotage. Revista de Opinión Pública ISSN0719-0212

La historia del caso bombas comienza con la salida del fiscal Xavier Armendáriz y la llegada de Alejandro Peña. En sentido estricto la historia comenzó antes, pero solamente con Peña se reveló la política del gobierno. El cambio de fiscal no era menor, aparecía en la opinión pública como un hecho producido por la presiones del ejecutivo sobre el poder judicial y el ministerio público. Las diferencias entre el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, el presidente de la Corte Suprema de aquel entonces, Milton Juica, y el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, fueron largamente tratadas por periodistas, analistas y opinólogos del medio nacional. Además, se decía que el “nuevo fiscal” venía con otro “enfoque”, un cambio de perspectiva que podría garantizar el éxito de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

Así, con el fiscal Peña comienza un conjunto de nuevos procedimientos y prácticas en la “línea editorial” de nuestro ministro del interior. Peña comienza con una nueva operación bautizada “salamandra”, que culmina en el allanamiento de un conjunto de casas okupas para detener a presuntos terroristas. Con la arremetida de la policía, resultan detenidas 14  personas que tenían como característica común su filiación “anarquista”.

El 4 de abril de 2011 se presentó la acusación por asociación ilícita, colocación de artefactos explosivos y financiamiento de actividades terroristas. Dos días después, el Fiscal Alejandro Peña presentó la renuncia a la jefatura de la Fiscalía para asumir como jefe de la división de Estudios de la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública. ¿Qué indicó que el fiscal a cargo del caso haya migrado desde el Ministerio Público al Ministerio del Interior, desde un organismo autónomo al poder ejecutivo? No me detendré en las motivaciones o intereses detrás de las acciones, pero es relevante preguntarse por los modos en como se actuó, las relaciones que se pusieron en juego, las tácticas que se revelaron.
Con la decisión de contratar a Peña se apelaba a mejorar las políticas de seguridad: los números no iban bien y su incorporación podría ser una señal para la opinión pública. Más aún, era un profesional que concordaba con el perfil que el Ministerio “estaba buscando”. Pero ¿cómo evitar pensar que existía en una relación más intrincada entre Peña y el Ministerio del Interior? ¿Cómo creer que Peña llegó a su nuevo puesto de trabajo sólo por el mérito de su curriculum vitae? Sea cual sea el motivo, la nueva “contratación” reforzaba el discurso de la “seguridad” del cual Hinzpeter tanto se ha servido: estigmatizar a los jóvenes anarquistas con las rubricas de “terroristas” y “delincuentes”, reducirlos territorialmente a las casas okupas, construirlos en el “enemigo interno” y, con ello, justificar políticas nacionales. Contratar al fiscal enrarecía el ambiente, y los resultados de los juicios y su estatuto de verdad no es menor en sociedades como las nuestras.
Por mucho que Hinzpeter se valiera de aquella retórica de la seguridad, era necesario validarse por medio de la verdad producida en los tribunales. Necesitaba que su discurso reposara sobre cierta coordinación o contacto con todo el proceso judicial. El 3 de octubre, la Fiscalía decidió no seguir con la imputación de asociación ilícita terrorista, absolviendo a 8 de los 14 jóvenes. Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar y Gustavo Fuentes seguían siendo imputados por colocación de artefactos explosivos, mientras que Carlos Riveros y Omar Hermosilla por financiamiento de actividades terroristas. El efecto en la opinión pública fue evidente. Por lo menos 8 personas totalmente inocentes fueron detenidas en régimen de alta seguridad por bastante tiempo, se descartó la figura de asociación ilícita y además se desacreditaban un conjunto de pruebas que iban desde un número del periódico “The Clinic” hasta un afiche de “Guns N’ Roses”. Hasta aquí la tesis del montaje obtenía más fuerza. Frente a este revés, el Ministerio del Interior promovió un cambio en la legislación acorde a su visión estratégica de la seguridad pública.La llamada “Ley Hinzpeter”, consistente en ampliar el tipo penal, aumentar las penas por alteración del orden público y varias agravaciones como, por ejemplo, usar capucha, hacía patente el concepto de “orden público” que opera en la retórica oficialista. La relación entre los ciudadanos y la autoridad se define así por la disciplina de los primeros y respeto para con los segundos. Los ciudadanos están al servicio de la autoridad y el orden público. Este discurso era el que exigía ser validado por el juicio de los 6 acusados restantes. En el proceso, se desecharon pruebas, se citó al ministro del interior y se cuestionaron las firmas de los peritos. Finalmente, en junio de este año se decidió absolver a los 6 acusados, quedando libres y protegidos por la verdad del juicio. Las conclusiones del tribunal fueron que la Fiscalía tuvo un “sesgo” que terminó en la persecución de jóvenes de casas okupas que, en realidad, representaban “ideales diversos y, además, realizaban actividades sociales y de educación que, incluso, eran patrocinadas por la autoridad”.
El “caso bombas”, como coyuntura crítica, terminó exponiendo el fracaso de una forma de hacer política al enhebrar otros casos similares. No resulta difícil recordar, a propósito de esto, el caso del ciudadano pakistaní que fue acusado equivocadamente como terrorista o la aplicación de la ley antiterrorista con las protestas de Mapuches en el sur o en las movilizaciones de Aysén. Todos momentos de los cuales el gobierno tuvo que desdecirse y dar un paso atrás, ya sea porque era insostenible o porque negoció con los manifestantes. ¿En qué consiste esta política, esta estrategia general de poder, que fracasó? En el despliegue de un discurso autoritario, la creación de un enemigo interno (la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo), la innovación en materias legales para tipificar a los sujetos y relaciones íntimas van más allá de los límites institucionales.
El fiscal nacional Sabas Chahuán calificó el fallo como un “fracaso de la fiscalía”. ¿Sólo de la fiscalía? Me parece que no. El caso bomba expuso el fracaso de una estrategia de conjunto que se fraguó en el gobierno. Fue el fracaso de un ministro Hinzpeter cada vez más cuestionado. Pero, por otro lado, sigue siendo una victoria para muchos de los sectores conservadores que se legitiman cada vez que la autoridad enarbola discursos como los del ministro del interior. Basta ver los homenajes de hoy en día.