*Publicada 5 de septiembre 2012, Realismovisceral.cl

La discusión sobre la reforma tributaria es una polémica ideológica, vale decir, lo que está en juego es la sociedad que se anhela construir. En Chile somos espectadores de un debate político, pero, es cierto, revestido de tecnicismos. Mientras que en todo el período de transición a la democracia se trató de argumentos técnicos revestidos de discursos políticos regidos por la gramática de los acuerdos, ahora vemos el proceso inverso; la subversión de cierta gramática de la técnica sobre los procesos políticos, la instalación de problemas abiertamente ideológicos en la agenda pública, pero que  intentan ser omitidos por la mayoría de la elite política.

Aunque la decisión del congreso lo niegue, ya no se trata más de unos puntos porcentuales que aumentan o disminuyen, sino de los principios y valores que inspiran y rigen el actuar del gobierno y los ciudadanos.

El día de ayer presenciamos la culminación de un proceso político que significó la aprobación del proyecto de reforma tributaria del gobierno de Sebastián Piñera. Esta vez, luego de 7 propuestas, dimes y diretes, se terminó aprobando. Los Estudiantes, Gabriel Boric mediante, expresaron el repudio a este tipo de prácticas “a espaldas del movimiento”. Gran problema el de Boric, pues era institucionalmente imposible incluir como legisladores a los estudiantes, pero también gran problema para el país, al eludir las “cuestiones de fondo” que el movimiento estudiantil ha relevado en la esfera pública chilena.

“Se aprobó porque se avanzó”, sostenían próceres de la Concertación. Para posteriormente continuar con “no es lo que se quería, pero dentro de nuestras posibilidades es un buen acuerdo”. Había algo de agraz en las sentencias de la oposición lo que ya permitía articular su rabia e intereses y resistir o “muñequear” en otros espacios político-institucionales donde conduce la aprobación de la propuesta tributaria. Por eso no es extraño que la Ley de Presupuesto (a discutir en octubre) sea la próxima lucha que se libre por la educación en Chile.

¿Por qué la oposición aprobó la propuesta si terminaron con un “gusto amargo”? La respuesta es algo típica y se remonta a los discursos de la transición: se votó a favor ya que “hubo aumentos considerables para…” o, en el mismo sentido pero a la inversa, porque “hay bajas considerables que ayudan a todos los chilenos…”. Las mentes calculantes de los parlamentarios se erigían en torno a “ajustes”, “aumentos” y “bajas”, mientras olvidaban las cuestiones políticas de fondo planteadas por los estudiantes. ¿Cuáles eran los argumentos que justificaron su decisión para aprobar? Recursos extras para educación cristalizados en un Fondo de 4.000.000.000 de dólares que a partir del 2014 dará utilidades permanentes a la educación pública, la duplicación del Fondo de Apoyo para la gestión Municipal (FAGEM) y 10.000.000 de dólares para “convenios de cumplimiento” con la Universidades del Consejo de Rectores.

Detrás de cada una de estas medidas hay una “triquiñuela” que, para ser justo, si bien confirma una actitud del Gobierno, es patrimonio de la política desde tiempos inmemoriales. Se entregan más recursos, pero no se cede en las cuestiones ideológicas. Mientras sueltan la billetera ganan donde más duele. Con esta reforma tributaria el gobierno reafirma uno de los puntos en disputa por parte de las luchas por la educación: el copago.

Como ha sido largamente datado, bastaría con consultar los estudios que Harald Beyer publicaba antes de ser ministro, el copago es uno de los elementos internos al sistema educacional que, a lo menos, refuerza la segregación socio-educativa, haciendo, en la práctica, que existan colegios para quienes puedan pagar más y quienes no, para pobres y ricos. El gobierno no cedió respecto al incentivo tributario a los padres que elijan enviar a sus hijos a la educación particular subvencionada y/o con copago. Por el contrario, mantuvo este incentivo, pero se lo extendió a la educación pública y con restricciones de ingreso familiar.

¿Por qué en vez de ceder se  prefiere morigerar esta propuesta específica? El motivo es que detrás de estas medidas se ocultan puntos de vistas ideológicos, argumentos normativos, es decir, que provienen de ciertos principios y valores que rigen (o deberían regir) la sociedad que queremos. Con esto, nuevamente se vuelve a un lugar común de la política Chilena. El problema no son los números o metodologías sino valores y principios. En realidad siempre se ha tratado de lo mismo aunque disfrazado de técnico y científico. Las preguntas que restan por responder estriban en el rol de los bienes públicos para nuestro país y cuestionar los estigmas que se alojan detrás de la postura del gobierno. ¿Cuál es la justificación a una aversión a lo público? ¿Por qué se cree que es mejor o más justo dar el espacio a que las familias decidan, si detrás de eso puede mermarse la entrega de un bien público como la educación?

¿Qué sucede si todas las familias de chile prefieren la educación particular por  su calidad u otros motivos: hay que dejar que las escuelas públicas se extingan y que el Estado no provea este derecho consagrado en las cartas constitucionales y democráticas? Detrás de estas interrogantes se leen dos grandes posturas en Chile; no es la derecha versus la izquierda, tampoco la Alianza versus la Concertación sino dos posturas que circulan a través de ellos. Una fomenta la particularidad de los intereses de la sociedad civil, otra apela la universalidad como constitutivo de una república democrática. Si la primera se enrosca en el interés privado radicado en el individuo, una familia o una corporación, la segunda apela a la supremacía del interés universal de lo público.