June 7, 2016/ By Nicolás del Valle Orellana, in Newspaper El Mostrador
Podríamos destacar cómo existe una correlación entre la concentración del control y la propiedad de los medios junto a la distribución de poder comunicativo que estos tienen. Mientras más concentrada está la comunicación en unos pocos grupos económicos, más poderosos en el campo de la esfera pública son estos consorcios.
Con la famosa querella de la Presidenta Michelle Bachelet contra los periodistas de la revista Qué Pasa se ha vuelto a discutir sobre libertad de expresión y el rol de la prensa en la discusión pública. Algunos, que no escatiman en críticas, tienden a leer la acción de la Mandataria como una restricción a la libertad de expresión del medio en cuestión; otros apuntarán a la responsabilidad periodística radicalmente inherente a los argumentos que defienden la libertad de prensa. Pues bien, precisamente lo que está en juego aquí es la segunda dimensión.
Por mucho que la acción política esté poco meditada y calculada de acuerdo al contexto adverso del Ejecutivo frente al debate político, lo cierto es que el conflicto no radica en los límites que un Gobierno le impone arbitrariamente a un medio de comunicación. Aquí, al parecer, la querella está motivada por un enojo humano y no premeditado que excede las estrategias políticas gubernamentales en su conjunto.
Además, la Presidenta tampoco está incurriendo en sus facultades ejecutivas para silenciar al medio; en vez de eso, se centra en una acción judicial que sea lo más cercana posible a lo personal, aun cuando en la realidad separar a la “ciudadana” de la “Presidenta” es imposible.
El hecho de que la querella sea presentada por la Presidenta como ciudadana contra los periodistas (y no el medio de comunicación), apunta en esta dirección. Quizás, el problema de la Mandataria puede ser una cuestión banal que devino una decisión errónea desde el punto de vista de la gestión política del Gobierno, pero lo que parece más interesante en esta controversia es el problema estructural que subyace en el debate.
Luego de la querella, los periodistas al unísono comenzaron una defensa corporativa del gremio, sosteniendo que es parte de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la autonomía de la líneas editoriales, el poder oponerse y criticar al Gobierno. Llamativamente, varias de estas defensas han tenido que ser antecedidas por una advertencia –a través del ya siútico anglicismo “disclosure”: “Nuestro medio es parte del consorcio de medios en los cuales la revista en cuestión participa”–.
En efecto, revista Qué Pasa, junto a otros medios de la prensa escrita digital e impresa, como Ciper y La Tercera, participa de Copesa, mismo conglomerado del Grupo Dial donde se reúnen radioemisoras como Zero y Duna. Así, de pronto, la querella revela la concentración del sistema de medios chileno. De pronto, nos percatamos que todos los días en el mismo horario se transmiten dos programas de radio sobre política con líneas editoriales opuestas pero que son parte del mismo consorcio de medios de comunicación. Así, de pronto, creemos que nuestro sistema de medios es pluralista porque transmiten contenidos de líneas editoriales distintas, pero en el fondo son del mismo propietario, concentrando el poder económico y comunicativo.
En Chile los medios de comunicación son parte del dispositivo que produce la verdad pública, el que se encarga de hacer circular las opiniones, las informaciones y los conocimientos, a lo largo de dispositivos móviles, cuentas de Twitter, programas de televisión, videos en YouTube, o en el quiosco de la esquina en la portada de una revista de papel cuché. Esta cualidad de los medios de comunicación, que juega en todas las sociedades modernas y democráticas, se vuelve perversa cuando la voz de uno –de quienes más poder tienen– se vehiculiza a través de las plumas de columnistas y labios de locutores.
Si los medios participan de la discusión pública dándole forma, vehiculizándola, haciendo posible su masividad a nivel nacional, ¿por qué el juicio crítico de la ciudadanía no se ha dirigido al rol de los medios en la esfera pública? ¿Por qué la desconfianza hacia las elites no ha incluido a los medios, siendo que se caracterizan por una desenvolvimiento opaco, donde no se declaran las líneas editoriales cuando sí las hay, o donde se presentan como medios independientes cuando obligaciones políticas existen? ¿Por qué se sigue confiando en El Mercurio si se cuestiona permanentemente su nivel de lectoría y distribución impresa?
La desconfianza a los medios de comunicación puede resultar fatal, pero peor aún es la indolencia de las autoridades respecto a la regulación de los medios de comunicación en Chile. Hoy por hoy, donde nos preguntamos por el poder que tienen los grupos económicos sobre la política, cabe preguntarse acerca de sus influencias sobre las comunicaciones.
“De pronto, la querella revela la concentración del sistema de medios chileno. De pronto, nos percatamos que todos los días en el mismo horario se transmiten dos programas de radio sobre política con líneas editoriales opuestas, pero que son parte del mismo consorcio de medios de comunicación. Así, de pronto, creemos que nuestro sistema de medios es pluralista porque transmiten contenidos de líneas editoriales distintas, pero en el fondo son del mismo propietario, concentrando el poder económico y comunicativo”.
La concentración del financiamiento público de la publicidad en la prensa determinada por la circulación, significa siempre que está determinada por el nivel de concentración de la propiedad y el control de los medios de comunicación. Así, podríamos destacar cómo existe una correlación entre la concentración del control y la propiedad de los medios junto a la distribución de poder comunicativo que estos tienen. Mientras más concentrada está la comunicación en unos pocos grupos económicos, más poderosos en el campo de la esfera pública son estos consorcios. Y al mismo tiempo una correlación inversa entre concentración de los medios y pluralismo informativo. De este modo, la crítica a las acciones judiciales de la Presidenta contra los periodistas de la revista no debe traducirse en una defensa del gremio.
Esto último no porque el periodismo no sea un elemento fundamental en las democracias modernas y contemporáneas sino, por el contrario, porque para tener un mejor periodismo y una mejor democracia necesitamos de un sistema de medios más desconcentrado, tanto en la propiedad y el control como en el nivel del poder comunicativo de los mismos. Solo de este modo, los argumentos que se enarbolen no serán partisanos de la Presidenta, de un grupo económico-mediático o de un gremio particular, sino a favor del pluralismo informativo como principio democrático.
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