*Publicada 11 enero 2013, http://www.Realismovisceral.cl

Con el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, en la esfera pública se expuso una tendencia en la opinión de los chilenos, incluida la del gobierno, que identifica al pueblo mapuche con el terrorismo. En los medios de comunicación, por ejemplo, el “crimen” comienza a denominarse “atentado” para luego etiquetarse como “acto terrorista”, mientras que las autoridades emiten juicios previos a que haya concluido una investigación sobre el caso. Tampoco es de extrañar cómo en muchas conversaciones cotidianas la “gente de a pie” termina asociando a “los mapuche” con una organización política violentista. Y no es que no exista evidencia suficiente para a lo menos “sospechar” que detrás del asesinato hay una organización terrorista con reivindicaciones territoriales, muy por el contrario, se debe investigar la verdad y encontrar a los causantes para aplicar todo el rigor de la ley. Pero tampoco hay que olvidar que se teje un velo sobre un problema de fondo: el cuestionamiento sobre las instituciones que imparten justicia y la omisión de una guerra silenciosa e inacabada entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile.

Dilucidar lo que es el terrorismo implica una discusión a la vez jurídica, política y académica, que defina los límites de su significado y que permita a las autoridades ser responsables frente a la ciudadanía. Se nos dice que el terrorismo es una acción violenta para infundir temor en una sociedad. Sin embargo, sabemos que un asesino en serie que tiene aterrorizada a toda una ciudad no es un terrorista. Se nos dice, también, que debe tener un objetivo político, no obstante, es evidente que un asesino que tiene la predilección de liquidar a políticos profesionales tampoco es un terrorista. Además, se nos agrega que son acciones que tienen como intención y consecuencia desestabilizar el estado de derecho, entregando un poco más de concreción al concepto. Finalmente, una perspectiva más académica añadirá que es un fenómeno transnacional que implica una organización sofisticada y un financiamiento estable, un nuevo actor en el sistema internacional. Así, cuando escuchamos que en Chile hay terrorismo, nos imaginamos que en nuestro país hay desde un par de indígenas luchando con piedras y palos, hasta células organizadas que reciben dinero de la FARC, la ETA u otros que se preparan para combatir la soberanía del Estado. De ahí la importancia de los dichos de nuestras autoridades, en ellos descansa la clave de lectura de la ciudadanía sobre estos acontecimientos tan terribles.

Decir que en Chile tenemos algo así como una organización terrorista como la ETA, además de ser completamente falso, difunde un miedo en la ciudadanía que termina legitimando la justicia en sus propias manos y culpando al Estado de su ausencia en estas materias. Pero quizás tenemos que verlo con otros ojos.

Aún recuerdo cuando, en el gobierno de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, en aquel entonces Ministro del Interior, reconoció que frente a sus sospechas de terrorismo en el sur del país, le solicitó a la central de inteligencia estadounidense que realizara un estudio sobre el caso chileno. La resolución de la investigación apuntó a desestimar que se trataba de una organización política compleja con algún financiamiento estable dentro o fuera del país. Más bien respondían a reivindicaciones territoriales muy puntuales que ciertamente solían manifestarse de manera violenta, pero que no ponían en cuestión la estabilidad del país. Asimismo, hay varios testigos que arguyen rivalidades entre familias como el móvil del asesinato del matrimonio y la investigación de las policías aún no ha sido concluyente respecto de las motivaciones y los culpables. Puede que la realidad estudiada por EEUU haya cambiado en los últimos años, que los testimonios sobre supuestas revanchas familiares sean falsos y que la investigación tenga pistas interesantes, pero parece razonable preguntarse por la veracidad de las opiniones de autoridades y ciudadanos.

En cuanto al manejo político, la falta de prudencia de las autoridades de gobierno en reafirmar la existencia de terroristas en Chile confirma la tónica de otros casos como el del “terrorista” Pakistaní y el caso bombas, donde las autoridades adelantaron juicios antes de los resultados de las investigaciones, entregando a su vez mensajes erróneos a la ciudadanía que provocan temor y crean incentivos al uso de armas para defenderse y resolver sus conflictos. Detrás de esto, la famosa frase “dejemos que las instituciones funcionen” no tienen ningún efecto. Los empresarios del agro y dueños de las tierras se sienten indefensos porque el Estado no “pone a raya” a los terroristas y en la vereda de al frente figuran los mapuches alegando no sólo por sus tierras sino también porque no se condena ni se desvincula de la institución a un carabinero que, luego de una investigación, se demostró que asesinó a un joven mapuche por la espalda. En ambos casos, contamos con ciudadanos chilenos con temor, rabia y sin creer que el Estado pueda impartir justicia efectiva y de manera imparcial

Es a lo menos “delicado” sostener que hay algo así como terrorismo en Chile cuando no se ha comprobado la existencia de una organización con esas características y se induce desconfianza de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la institucionalidad. Y es igual de delicado cuando se oculta una memoria indígena que lucha por mayor justicia y que se ha construido a partir de la guerra, el dolor y la pérdida. Pues que no se nos olvide; hay un sufrimiento histórico que clama por justicia y alguna vez el Estado deberá hacerse cargo. Más temprano que tarde, esperemos.