Pluralismo en las radios y la política de medios en Chile

En los últimos meses la discusión sobre cuotas de contenido musical chileno en las radios del país ha aumentado por el advenimiento de la votación en el parlamento. Mientras que los representantes de las radios junto al ex Presidente Sebastián Piñera y el ex ministro de cultura se han opuesto a la propuesta, músicos chilenos y personeros de la coalición de gobierno luchan por la promoción de la música chilena a través de una cuota de 20% en las parrillas programáticas. En términos públicos se enfrentan los artistas y las radios, músicos asociados en la Unión Nacional de Artistas (UNA) y la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD) versus la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI). Esta lucha ha sido remarcada las últimas semanas con el mensaje transmitido en las radios del país “la música chilena debe fomentarse y difundirse, no imponerse”.

Las radiodifusoras arguyen que es una imposición que vulnera la libertad de las líneas editoriales que definen el perfil de los contenidos transmitidos, como también que puede resultar en un mal negocio para aquellas radios que pierdan audiencias por haberse alejado de los contenidos que los consumidores deseaban escuchar. Si una radio se define editorialmente por transmitir música anglo y se ve en la obligación de transmitir música chilena, puede perder sus audiencias ávidas de consumir música en inglés. Este argumento ha sido rebatido por Carolina Tohá en El Mostrador año 2011: ” también es música chilena (…) un tema de Victor Jara interpretado por Metallica”, justificando cómo la ley entrega espacios de autonomía editorial. Por otro lado, las radios califican esta medida como una “imposición” arbitraria; sin embargo, difícilmente puede calificare de esta manera cuando es un proyecto de ley discutida y razonada de manera democrática en nuestro parlamento sobre un bien público finito, el espacio radioeléctrico, que pertenece a todos los chilenos. Quizás el único argumento que no ha sido debidamente rebatido es la posible merma económica a partir de proyecciones.

Pues bien, los argumentos de las emisoras no terminan siendo convincentes o persuasivas al momento de apelar a la libertad de las empresas para transmitir contenidos, pues se lucra con el espacio radioeléctrico, porque en su argumentación dan prioridad a los consumidores (audiencias) en vez de los ciudadanos representados en el parlamento y porque prefieren abogar por las posibles pérdidas económicas y no por la distribución equitativa de los contenidos nacionales y extranjeros. Detrás de esta lucha de argumentos, sean persuasivos o no, se está disputando un conjunto de valores que cada una de las partes supone como válidos y capaces de ser aceptados por todos los demás, pero que no son explícitos y que deberían serlo para aclarar el debate y definir una política de medios pluralista.

El pluralismo en los medios de comunicación

El Centro de Analisis e Investigación Política, con un proyecto del fondo de pluralismo en el sistema informativo nacional de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, ha aportado algunos elementos al debate sobre el pluralismo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una pieza fundamental de un sistema político democrático, sobre todo considerando a las radios que son percibidas como los medios más confiables por parte de la ciudadanía.

En las sociedades pluralistas los sistemas informativos y de medios de comunicación deben estar distribuidos equitativamente en términos de propiedad y control de los medios, en cuanto a los recursos y capacidades que tienen los medios en comparación a otros, y en los grados de influencia en la sociedad. Un sistema concentrado donde sólo algunos tienen las capacidades y recursos para emprender un medio de comunicación e incidir en las audiencias, no es pluralista. De igual modo, los medios de comunicación deben representar diferentes intereses, ideas y realidades propios de cada sociedad, diversidad de temas tratados, posturas y líneas editoriales de medios y pluralidad de los géneros, formatos y soportes con los que se transmite la información. Un sistema de medios monocromático que reduce la pluralidad de puntos de vista y modos de expresión tampoco sería pluralista. Pero también el sistema debe contemplar garantías para la libertad de difundir ideas y opiniones de manera organizada, sin interferencia externa de los poderes como los económicos y políticos. En este sentido se debe apelar a la libertad en la existencia de más medios de comunicación independientes, en las garantías para expresar y discutir las opiniones públicamente y para organizarse y emprender nuevos medios de comunicación. Un sistema que no permite fundar nuevos medios, donde se castiga la independencia y permanecen prácticas antidemocráticas como la censura y las presiones a periodistas no es un sistema informativo pluralista. Finalmente, el pluralismo en los medios supone que las audiencias puedan incidir en los contenidos de los medios de comunicación gracias a los espacios de participación y plataformas que permiten establecer relaciones simultáneas y horizontales con las audiencias, haciendo del periodismo ciudadano y las audiencias productoras de información. En suma, el pluralismo en los medios debe ser distribuido, diverso, libre y participativo.

Así puestas las cosas, en el debate sobre las radios mientras unos apelan al reparto equitativo del poder comunicativo y la diversidad como reconocimiento de la cultura nacional (agrupaciones de artistas nacionales), otros apelan a la libertad de cada uno de los agentes difusores y a la participación de las preferencias de las audiencias en la definición de las parrillas programáticas (agrupación de radios). La libertad en términos de autonomía y libertad de expresión de las radios es un elemento fundamental del pluralismo democrático, pero también una distribución equitativa de los contenidos y el espacio radial, y el reconocimiento de culturas que aportan a la diversidad de la sociedad. Ahora bien, en cualquier caso, la concentración del control y la propiedad de las radios, su relación de dependencia respecto de industrias como la discográfica y publicitaria, y la prioridad de las ganancias por sobre la garantía de un pluralismo en los medios, son amenazas para la democracia.

Todos los valores y principios en juego tienen sentidos más complejos que los supuestos por los agentes que se enfrentan. Tener claridad sobre ellos no solo ayudaría al entendimiento y la comunicación sino además permitiría formular una política de medios de comunicación que tenga como su principio rector el pluralismo.

Abordar el debate de manera integral: el objetivo de una política democrática de medios.

Un país pluralista es una sociedad en la cual progresivamente los individuos se vuelven autónomos respecto de los principios impuestos por las familias y las costumbres, siendo cada vez más diversos y teniendo las garantías para expresar sus diferencias públicamente. Más aún, el pluralismo democrático requiere de un Estado que promueva la diferencia y la participación de la ciudadanía en el ámbito público pues al comparecer con otros los ciudadanos se tornan más íntegros y reflexivos, capaces de regir sus vidas de acuerdo a sus propios valores y principios. Esta es la idea que se encuentra detrás de los argumentos de los músicos y las emisoras, de los argumentos de las izquierdas y las derechas modernas. Este es el valor que es aceptado por todos y que en cada argumento se anhela. Libertad de las radios respecto del Estado, participación de las audiencias en las parrillas programáticas, distribución equitativa de la industria musical extranjera y la nacional, reconocimiento de la música nacional para la diversidad en los medios.

Independiente de quienes esgriman los mejores argumentos, fuera de quien salga victorioso luego de este proyecto de ley, queda claro que desde ambos lados no se aborda la cuestión integralmente. El 20% es un avance en el reconocimiento de nuestro patrimonio para la diversidad en los medios, para la participación de los creadores en los contenidos transmitidos, en la distribución de los contenidos musicales y en la libertad de los chilenos para expresar en las radios sus creaciones artísticas. Pero es insuficiente cuando se piensa holísticamente las dimensiones aquí expuestas. Si se desea un sistema de radios pluralista debería formularse políticas que promuevan radios comunitarias, comunales y digitales (de hecho recientemente se ha comunicado una alianza entre la asociación de músicos chilenos y las radios comunales por un 40% de música chilena). También queda fuera la discusión sobre la concentración en la propiedad y control de los medios reducidos en algunos grupos económicos, la diversidad de géneros, formatos y posturas, o la libertad de los ciudadanos de crear radios que promuevan puntos de vista minoritarios que colaboran al pluralismo. Hoy, en la era digital, donde los podcast y las radios on-line proliferan, el llamado es a pensar el debate de las radios en uno mayor: el pluralismo en los medios de comunicación en Chile.

http://realismovisceral.com/2014/03/pluralismo-en-las-radios-y-la-politica-de-medios-en-chile/

Oficialismo y oposición se enfrentan en la víspera del cambio de mando

A horas de que Michelle Bachelet asuma la Presidencia, la UDI apuntó a las diferencias internas que existen en la Nueva Mayoría y la oposición cuestionó el envío de proyectos de ley “a última hora”. Mientras, ambos sectores afinan los últimos detalles para la ceremonia de este martes.

Faltando pocas horas para que el Presidente Sebastián Piñera transmita el mando a Michelle Bachelet, la actual administración desarrolla sus últimas actividades y el nuevo gobierno afina los detalles de su llegada a La Moneda.

El Presidente Piñera asistió este domingo a la ceremonia de cambio de mando del Ejército, en la Escuela Militar, pero los movimientos de traspaso ya se iniciaron. El primero en abandonar su cargo fue el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, y su sucesor, el socialista Mahmud Aleuy, de inmediato comenzó a revisar información de todos los ministerios y las carpetas con actas de cambio de mando.

Sin embargo, el nuevo gobierno aún no completa su equipo. Se espera que este lunes se den a conocer los nombres de los 56 gobernadores y los 240 nominados para las secretarías regionales ministeriales.

La conformación del gabinete es uno de los puntos que ha cuestionado el oficialismo, que también ha apuntado a las diferencias que existen al interior de la Nueva Mayoría.

Así lo hizo el diputado UDI Ernesto Silva, quien subrayó las últimas controversias que han sostenido el Partido Comunista y la Democracia Cristiana: “Es una mirada moderada sobre Chile y otra que mira el país como lo mira el Partido Comunista. Sucedió lo de Venezuela, donde veíamos a la DC y al PC, y sucedió lo de la subsecretaria Echeverría, en que veíamos lo que decía una parte de la Concertación y lo que decía el PC. Nuestra preocupación es que, en ambas ocasiones, la Presidenta ha zanjado por el camino del PC”, señaló.

“Esperamos que esta mirada, que no creemos correcta, sea zanjada hacia el futuro, porque vienen nuevos debates. ¿Con cuál alma va a gobernar la Presidenta para el tema de la nueva Constitución? ¿Con lo que plantea el PC o lo que ha planteado otra parte de la Concertación?”, cuestionó Silva.

Por otra parte, el diputado DC Sergio Ojeda reprobó la serie de ceremonias e inauguraciones que ha protagonizado el Presidente Piñera en las últimas semanas y criticó el envío de proyectos de ley a pocos días de terminar su Gobierno: “Lo que no hizo en cuatro años, no lo puede hacer a última hora. Está enviando proyectos de ley y haciendo las cosas astutamente, para que digan que los proyectos los ingresó él o son obra de él. Nosotros vamos a continuar los que sean pertinentes y, los que no, quedarán ahí”, dijo.

En este contexto, el analista Nicolás del Valle, del Centro de Análisis e Investigación Política (CAIP), sostuvo que el Gobierno intenta cubrir la carencia de comunicación estratégica que tuvo durante los últimos cuatro años. Es decir, busca dejar un sello con iniciativas de ley propias de la centroderecha, para mantener vigencia en el Parlamento, con miras a una posible reelección.

Del Valle comparó ambas administraciones y dijo que Piñera se ha basado en el “éxito en los números”, pero debería considerar “no solo el balance macroeconómico, sino también otros indicadores cuantitativos y cualitativos, como el Índice de Desarrollo Humano”.

“Uno ve que Piñera ha hecho un buen trabajo y a Bachelet se le achaca que su gobierno anterior no logró buenos números. Creo que eso es muy relativo y está puesto en cuestión. El gran desafío de Bachelet es demostrar que no solo sabe hacer política y comunicar bien su mensaje, sino también que sabe lograr buenos números”, añadió.

Oficialismo y oposición se enfrentan en la víspera del cambio de mando

Expertos identifican tres tipos de países americanos que están fuera del Pacto de Bogotá

Países que no ratifican el tratado, estados que no firman por estar bajo las decisiones de potencias o el caso de Colombia que se retiró luego del fallo frente a Nicaragua.
por Camila Díaz – 14/02/2014 – 15:32
La tercera http://mobile.latercera.com/noticia/politica/2014/02/674-565359-9-expertos-identifican-tres-tipos-de-paises-americanos-que-estan-fuera-del-pacto.shtml

El Pacto de Bogotá está conformado por la mayoría de los Estados en América, sin embargo, las condiciones de las firmas es la principal diferencia entre los países que lo suscribieron en 1948. Si bien, Chile no ratificó el pacto de inmediato, en 1974 el Congreso Nacional lo integró en las leyes del país.
Sin embargo, no todos los países están en la misma condición de firmantes en el Tratado Americano, Nicolás del Valle, director general del Centro de Análisis e Investigación Política (CAIP), explica que existen tres tipos de países en este acuerdo.
Uno de ellos, son los Estados que nunca lo pasaron por sus normativas internas y solamente se consideran parte por una imagen internacional, así lo explica Nicolás del Valle, “hay países que firman el acuerdo, pero no lo ratifican, ejemplo de eso es Estados Unidos, esto es parte de políticas exteriores nacionales, es decir, ellos no tienen ningún problema contra el Pacto y lo firman. No lo ratifican para que no tenga efectos internos y obligaciones al Estado respecto a la política exterior”.
Entre los países que se encuentran en esta categoría esta Estados Unidos, Argentina y Venezuela, que establecieron sus políticas internas por sobre los conflictos internacionales en el continente, decisión que fue tomada en 1948 cuando se reunieron en la IX Conferencia Panamericana en Colombia, “Argentina tomó la decisión política en su minuto, no fue en base a una coyuntura, hizo la reflexión e hizo la prospectiva de lo que podía pasar” antes de comprometer la políticas nacionales, explica la directora del Magister en Políticas Sociales de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis), Francisca Quiroga.
El segundo tipo de países en el continente son aquellos que no forman parte oficialmente del Pacto, “hay otros países que no sólo no lo ratifican, sino que tampoco lo firman, primero, en general son países muy pequeños que están a la órbita de otros países”, añade del Valle, esto por sus limitadas posibilidades de decidir sobre sus políticas limítrofes, son Estados que “responden sus políticas exteriores a intereses nacionales externos por ejemplo Cuba respecto de Estados Unidos, igual que República Dominicana”, el tercer país en esta categoría es Guatemala.
Finalmente están aquellos países que no se mantienen el Pacto a pesar de haberlo firmado y ratificado, el gran ejemplo de esta categoría es Colombia, en noviembre de 2012 se retiró del Pacto de Bogotá.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en ese momento declaró “en el día de ayer (27 de noviembre de 2012) Colombia denunció al Pacto de Bogotá. El aviso correspondiente fue entregado al secretario general de la Organización de los Estados Americanos”, cuestionando el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda con Nicaragua respecto a la soberanía marítima. Finalmente sentenció que “la decisión que he tomado obedece a un principio fundamental: los límites entre los Estados deben ser fijados por los propios Estados”.
Quiroga explica los problemas de retirarse de la forma en que lo hizo Colombia hace más de un año y desdecir la decisión tomada al ratificar el pacto, es algo que en “su minuto no lo hizo y después de un ejercicio que el país se debe someter a una decisión vinculante que no le gusta en uno de los componentes que tiene esa decisión, es una decisión más emocional”.
De la misma forma lo confirma del Valle, “Colombia que ha sido un país que ha tenido una postura muy parecida a la chilena, también de una tradición de respeto al derecho internacional y también la política exterior multilateral, el momento en que sale del Pacto pierde mucha credibilidad y prestigio internacional, porque demuestra que es un Estado que no está dispuesto a sostener las promesas, incluso luego de años y años de sostener las mismas posturas”.
EN CHILE
Si el país se retira del Pacto de Bogotá, quedará en una condición muy similar a la colombiana, como lo señala el director del CAIP, se “pierde credibilidad, y por lo tanto, cuando hay perdida de confianza, eso no solamente es perdida de confianza en temas diplomáticos, militares, políticos”, esta condición afecta en todos los aspectos. Sin embargo, “ningún país va a perder su completa credibilidad por un movimiento como este, pero si Chile sale del Pacto la prensa de los países vecinos va a funcionar en torno a esta coyuntura especial”.
Así también lo afirma Francisca Quiroga, “Chile y Colombia quedarían en igualdad de condiciones, pero eso no es un elemento que les permita mejorar su relación con sus vecinos, ni menos ejercer liderazgo”, señala que hay muchas otras estrategias que se deben considerar, “Chile tiene que moverse y reconocerse y además establecer acciones para anticiparse a los conflictos y no solo reaccionar y responder cuando llegamos a estos escenarios”.
La creación de una política de estado, pensada de manera transversal, porque ambos investigadores políticos señalan que los arbitrajes sugeridos tampoco presentan la mejor solución para el país, ya que “Chile ha intentado resolver los problemas de manera bilateral con Perú y Bolivia, pero no se ha podido, entonces como esta vía no ha servido, se apela a un pacto de corte regional para dirimir el conflicto” puntualiza del Valle.

Comunidades de memoria: el desafío de las políticas de Derechos Humanos

Publicado por El Mostrador, 11 de febrero 2014

El concepto de “comunidades de memoria” no fue utilizado en estudios o intervenciones sociales en torno a casos de memorias de las violaciones a los derechos humanos en Chile hasta un reciente proyecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ejecutado por el Centro de Análisis e Investigación Política CAIP. Las comunidades de memoria son grupos humanos que se constituyen por los recuerdos del pasado, reproduciéndolos públicamente a través de diversas prácticas sociales, políticas y culturales. Todas y todos quienes participan en estas comunidades tienen algo en común: una falta, ausencia o pérdida de un cercano, un familiar, una vida. En Chile, la conformación de estas comunidades se ha caracterizado permanentemente por la lucha por la memoria, primero, para definir el sentido de lo sucedido, qué y cómo recordamos la violencia pasada y, en segundo lugar, para ser reconocidos como sujetos dignos de respeto y justicia. Que se conozca la verdad sobre los hechos ocurridos, que se encuentre y condene a los responsables y que se asuma la reparación de las víctimas como un desafío inacabable, han sido ejes de las luchas y políticas de memoria. Que los crímenes sucedidos de manera sistemática entraran en la narrativa de la historia oficial a través de políticas públicas, programas e instituciones, es resultado de estas luchas.

Sin embargo, en materia de procesos judiciales y reparación, los desafíos son aún mayores. Gran parte de las causas de DD.HH. están aún en proceso. Y esto es amplificado cuando se comprende que la justicia y la reparación son irreductibles a medidas económicas o judiciales. La existencia de memoriales, conmemoraciones públicas y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, son demostraciones de que tanto la verdad, la justicia y la reparación incluyen una dimensión simbólica ineludible. En cuanto a los lugares de memoria, se espera que expresen públicamente el sufrimiento que involucra la violación sistemática de los derechos humanos, pues de este modo se logra hacer patente la verdad de los hechos, se hace justicia a la memoria de las víctimas y se repara simbólicamente a los familiares, cercanos y amigos de los torturados, ejecutados y desaparecidos. Entonces, las batallas por la memoria que emprenden las organizaciones de la sociedad no son sólo políticas y judiciales, sino también culturales. Este último punto es quizás el desafío mayor de los próximos gobiernos: profundizar y fortalecer una cultura de derechos humanos.

El impacto, entonces, en el caso de las políticas de sitios de memoria, viene dado por la preservación y promoción efectiva de la memoria y los derechos humanos desde la tríada “sitio, comunidad y entorno”. En definitiva, ¿cuánto y cómo impactaron las políticas públicas en las comunidades y localidades respecto a la afirmación de una cultura de derechos humanos luego del reconocimiento de las violaciones de los mismos?
La responsabilidad estatal de verdad, justicia y reparación para una cultura de derechos humanos debe asumir que se trata de una tarea inacabable que, si se centra en la construcción de monumentos y memoriales, no puede olvidar a los sujetos protagonistas y herederos de la memoria promovida por el Estado chileno. Mientras que las políticas de reparación han apuntado a la instalación de memoriales que representen el pasado violento, los estudios que ha realizado CAIP demuestran la importancia del reconocimiento de las comunidades de memoria que mantienen y gestionan los sitios de memoria. Si las políticas públicas se han enfocado en los sitios, uno de los hallazgos es la urgencia de estudiar y consolidar a las comunidades de memoria. Esto queda corroborado con las experiencias de espacios sin comunidades que cultiven la memoria, mermando el impacto esperado y deviniendo monumentos o sitios desolados. Los lugares de memoria no pueden ser entendidos independientes de las comunidades, no sólo porque los primeros fueron, en su mayoría, impulsados por las segundas, sino, sobre todo, porque la mantención y gestión de los memoriales requiere de una participación activa de las comunidades vinculadas a éstos. ¿Cuáles son los recursos (humanos, técnicos, económicos) necesarios para mantener y gestionar un sitio de memoria? ¿Cuáles son las estrategias de las comunidades para reunir los recursos mínimos para gestionar un memorial? ¿Cuántas comunidades han fracasado en el intento de gestionar un sitio? Son algunas preguntas que los chilenos deben hacerse en torno a la proliferación de memoriales en nuestro país.

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMORIA
El año 2012, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur elaboró un informe que responde al desafío de la evaluación de las políticas de memoria. Los países del Mercosur y asociados deben velar por la instauración de una cultura de derechos humanos en un nivel normativo y operativo que confirme el compromiso con estos principios que emanan del derecho internacional. De este modo, la agenda latinoamericana en materia de memoria y derechos humanos está marcada por la evaluación de políticas de gobiernos que han sido implementadas en los años posteriores a las dictaduras en la región.

Preliminarmente al menos, la situación de las comunidades de memoria vinculadas a los sitios de memoria es una dimensión, entre otras, a incluir en cualquier evaluación de las políticas de sitios de memoria. Preguntas sobre la vigencia institucional, las necesidades y la composición de las comunidades de memoria son algunas de las cuestiones a rescatar para evaluar los impactos sociales que generan las políticas públicas. ¿Cuánto y cómo impactaron los memoriales en las comunidades que se constituyen por el recuerdo de la pérdida y la violencia pasadas?

En Chile, gran parte de los memoriales construidos en los gobiernos de postdictadura fueron promovidos por organizaciones de la sociedad civil, como Agrupaciones de Familiares, y organizaciones de DD.HH. Las comunidades de memoria participaron desde un inicio en el reconocimiento de los crímenes. Esta pretensión supone un ejercicio público de la memoria en diversas actividades, como talleres culturales, visitas a los memoriales, educación en DD.HH., reuniones, eventos artísticos y estudios sociales. Esta característica puede ser verificada en todos los sitios de memoria que son gestionados por una comunidad. La promoción de la memoria y los derechos humanos es siempre un acto público. En otras palabras, al considerar las comunidades (y su relación con los sitios) en el centro de las políticas públicas, deben incorporarse indicadores que evalúen sus capacidades organizativas y de vinculación con el medio. La promoción de los derechos humanos implica un ejercicio público de ampliar su incidencia más allá de las fronteras de los memoriales, lo que significa estudiar las relaciones con el gobierno local y la sociedad civil. Sitios de memoria sin vinculación con el medio son espacios geográficos que no logran su propósito.

Las políticas responden a problemas públicos y tienen por objetivo abordarlos generando un impacto social, un cambio en la realidad tendiente a la resolución del problema creando un bien público. El impacto, entonces, en el caso de las políticas de sitios de memoria, viene dado por la preservación y promoción efectiva de la memoria y los derechos humanos desde la tríada “sitio, comunidad y entorno”. En definitiva, ¿cuánto y cómo impactaron las políticas públicas en las comunidades y localidades respecto a la afirmación de una cultura de derechos humanos luego del reconocimiento de las violaciones de los mismos?

PROPUESTAS DESDE LOS SITIOS DE MEMORIA EN CHILE
El 11 de octubre del año recién pasado, un conjunto de sitios y comunidades de memoria elaboraron una carta dirigida a los diferentes candidatos a la Presidencia de la República. Esta misiva confirma la difícil situación de los sitios en Chile y la agenda de éstos en el debate público. El financiamiento parcial por parte del Estado es uno de los primeros escollos. Si bien es cierto hay algunos sitios de memoria que contemplan financiamiento directo, como Villa Grimaldi y Londres 38, esta medida ha significado, por un lado, exponer la desigualdad con otros sitios más pequeños que no logran solventar las actividades mínimas para el mantenimiento, gestión, preservación y promoción de la memoria y, por otro lado, el compromiso y la responsabilidad estatal para con los sitios de memoria en Chile.

El diagnóstico general responde a que la política pública ha sido la ausencia de una política, la falta de una estrategia en materia de memoria y derechos humanos que coordine a diferentes instituciones de la sociedad civil y el Estado. Ahora bien, ¿cuáles son los lineamientos o ejes centrales que podría tener una política pública desde el Estado? Los sitios de memoria ya lo han definido en su carta a los presidenciables: reconocimiento de sitios demandados por comunidades de memoria, apoyo en la gestión y funcionamiento de los sitios basado en la autonomía de las comunidades, asegurar un financiamiento estable, promover la investigación y la producción de conocimiento, visitas a memoriales en el currículum de la educación en derechos humanos y definir una política de archivos que conste en la apertura y acceso público a lo largo del país.

Hasta el momento, parece que estos temas quedaron atrás junto a la agenda de los 40 años del golpe de Estado; no obstante, seguirá siendo urgente no sólo para coincidir con el derecho internacional, sino también, y sobre todo, para que se termine con situaciones de precariedad de las comunidades de memoria, factor central en el avance de una cultura de derechos humanos como la base de la convivencia social a partir de los sitios de memoria. Si el Estado invirtió fondos públicos en la construcción de memoriales, no se espera que los sitios resulten en mausoleos personales, sino que preserven y promuevan la memoria para una cultura de derechos humanos. Sin esto, dilemas éticos y políticos, como los suscitados en septiembre de 2013, seguirán repitiéndose.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/02/11/comunidades-de-memoria-el-desafio-de-las-politicas-de-derechos-humanos/

Nicolás Del Valle, director general del Centro de Análisis e Investigación Política: “Comisiones investigadoras han sido un aporte, pero faltan soluciones”

POLÍTICA
Nicolás Del Valle, director general del Centro de Análisis e Investigación Política:
“Comisiones investigadoras han sido un aporte, pero faltan soluciones”

Diana Torres | Lunes 27 de enero 2014 – 21:10 hrs. | Comenta

Ante el inminente término del proceso legislativo en el Congreso, dado el período de recesión, dos centros de estudio hacen un balance respecto de las funciones de los diputados y el desempeño de las comisiones investigadoras.

Claves: comisiones investigadoras, congreso, diputados, fiscalización

Luego de la reforma del 2005 se produjeron cambios importantes en las capacidades fiscalizadoras del parlamento, entre las que se cuentan un aumento en las disposiciones legales de las comisiones investigadoras. Instancias constituidas por grupos transitorios, integrados proporcionalmente por parlamentarios de todos los partidos políticos, que buscan fiscalizar los actos de gobierno que hayan sido solicitados por, a lo menos, dos quintos de los diputados en ejercicio.

Ante estas, los ministros de Estado, los funcionarios de la administración y el personal de empresas del Estado, o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria, están obligados a comparecer y a entregar los antecedentes que solicite, con los que luego se redacta un informe con recomendaciones al gobierno.

Nicolás Del Valle, director general del Centro de Análisis e Investigación Política, CAIP, indicó que este instrumento ha sido de ayuda, pero que carece de poder para determinar sanciones.

“Las comisiones de investigación han sido un aporte para la fiscalización de las actividades del gobierno y de la política en general. Sin embargo, poco se plantean soluciones institucionales a partir de estas comisiones. Nosotros sabemos que uno de los resultados de estas comisiones son los informes, pero además uno esperaría ciertas soluciones y propuestas para buscar una mejora institucional”, señaló Del Valle.

Por otro lado, el director del centro determinó que la actividad del parlamento y el gobierno no han tenido el mismo tratamiento. Las mociones que provienen del los congresistas equivalen al 20 por ciento del trabajo parlamentario, mientras que los mensajes propios del presidente, corresponden al 80 por ciento. Cifras que indicó como “un gran desbalance en la capacidad legisladora y fiscalizadora en general, las cuales tienen que trabajar en conjunto”.

La investigadora del Instituto de Asuntos Públicos, María Cristina Escudero, valoró la instancia y enfatizó en la capacidad de instalar temas en el debate nacional para generar cambios institucionales.

Al respecto mencionó que “eventualmente pueden derivar en acuerdo con el Ejecutivo para mejorar procedimientos, o puede significar que la fiscalía correspondiente abra un proceso porque se han descubierto antecedentes para que así lo hagan. Pero la comisión investigadora también puede juntar antecedentes para hacer una interpelación o una eventual acusación constitucional”.

A lo largo del período legislativo han funcionado más de 38 comisiones, entre cuyos resultados figuran los informes sobre el Transantiago, 27 de febrero del 2010, lucro en educación, caso “Bombas”, caso SII y Johnsons, sobreprecios y el Plan Frontera Norte.

Mientras que las comisiones investigadoras que aun funcionan son: la destinada a fiscalizar el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, SENAME, las denuncias de fraude e irregularidades en Valparaíso, la recolección de firmas de inscripción de candidaturas de Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt, la revisión del fondo del sistema de educación superior y sobre la situación ambiental en la zona del Huasco, por los efectos del proyecto Pascua Lama.

Las comisiones han aportado con el debate nacional, permitiendo a la sociedad civil fiscalizar y aportando a la discusión pública. Sin embargo según los especialistas, falta que se realicen cambios más definitorios, más allá de los informes y recomendaciones al gobierno.

“Comisiones investigadoras han sido un aporte, pero faltan soluciones”