En este capítulo, Pablo Millas conversó con Isidora Morales, Nicolás Del Valle, Sergio Ahumada y Pablo Ortúzar.
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Agenda Joven: Cómo ven el éxito las nuevas generaciones
En este nuevo capítulo, Pablo Millas conversó con Ximena Pastene, estudiante de ingeniería comercial de la USS, Nicolás Del Valle, integrante del Centro de Análisis e Investigación Política, Cristián Sanhueza, perteneciente a Sentidos Comunes y Diego Schalper de Idea País.
El caso bombas: una forma de hacer política en Chile
*Publicada 21 de junio 2012, Ballotage. Revista de Opinión Pública ISSN0719-0212
La historia del caso bombas comienza con la salida del fiscal Xavier Armendáriz y la llegada de Alejandro Peña. En sentido estricto la historia comenzó antes, pero solamente con Peña se reveló la política del gobierno. El cambio de fiscal no era menor, aparecía en la opinión pública como un hecho producido por la presiones del ejecutivo sobre el poder judicial y el ministerio público. Las diferencias entre el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, el presidente de la Corte Suprema de aquel entonces, Milton Juica, y el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, fueron largamente tratadas por periodistas, analistas y opinólogos del medio nacional. Además, se decía que el “nuevo fiscal” venía con otro “enfoque”, un cambio de perspectiva que podría garantizar el éxito de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.
Así, con el fiscal Peña comienza un conjunto de nuevos procedimientos y prácticas en la “línea editorial” de nuestro ministro del interior. Peña comienza con una nueva operación bautizada “salamandra”, que culmina en el allanamiento de un conjunto de casas okupas para detener a presuntos terroristas. Con la arremetida de la policía, resultan detenidas 14 personas que tenían como característica común su filiación “anarquista”.
El 4 de abril de 2011 se presentó la acusación por asociación ilícita, colocación de artefactos explosivos y financiamiento de actividades terroristas. Dos días después, el Fiscal Alejandro Peña presentó la renuncia a la jefatura de la Fiscalía para asumir como jefe de la división de Estudios de la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública. ¿Qué indicó que el fiscal a cargo del caso haya migrado desde el Ministerio Público al Ministerio del Interior, desde un organismo autónomo al poder ejecutivo? No me detendré en las motivaciones o intereses detrás de las acciones, pero es relevante preguntarse por los modos en como se actuó, las relaciones que se pusieron en juego, las tácticas que se revelaron.
Con la decisión de contratar a Peña se apelaba a mejorar las políticas de seguridad: los números no iban bien y su incorporación podría ser una señal para la opinión pública. Más aún, era un profesional que concordaba con el perfil que el Ministerio “estaba buscando”. Pero ¿cómo evitar pensar que existía en una relación más intrincada entre Peña y el Ministerio del Interior? ¿Cómo creer que Peña llegó a su nuevo puesto de trabajo sólo por el mérito de su curriculum vitae? Sea cual sea el motivo, la nueva “contratación” reforzaba el discurso de la “seguridad” del cual Hinzpeter tanto se ha servido: estigmatizar a los jóvenes anarquistas con las rubricas de “terroristas” y “delincuentes”, reducirlos territorialmente a las casas okupas, construirlos en el “enemigo interno” y, con ello, justificar políticas nacionales. Contratar al fiscal enrarecía el ambiente, y los resultados de los juicios y su estatuto de verdad no es menor en sociedades como las nuestras.
Por mucho que Hinzpeter se valiera de aquella retórica de la seguridad, era necesario validarse por medio de la verdad producida en los tribunales. Necesitaba que su discurso reposara sobre cierta coordinación o contacto con todo el proceso judicial. El 3 de octubre, la Fiscalía decidió no seguir con la imputación de asociación ilícita terrorista, absolviendo a 8 de los 14 jóvenes. Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar y Gustavo Fuentes seguían siendo imputados por colocación de artefactos explosivos, mientras que Carlos Riveros y Omar Hermosilla por financiamiento de actividades terroristas. El efecto en la opinión pública fue evidente. Por lo menos 8 personas totalmente inocentes fueron detenidas en régimen de alta seguridad por bastante tiempo, se descartó la figura de asociación ilícita y además se desacreditaban un conjunto de pruebas que iban desde un número del periódico “The Clinic” hasta un afiche de “Guns N’ Roses”. Hasta aquí la tesis del montaje obtenía más fuerza. Frente a este revés, el Ministerio del Interior promovió un cambio en la legislación acorde a su visión estratégica de la seguridad pública.La llamada “Ley Hinzpeter”, consistente en ampliar el tipo penal, aumentar las penas por alteración del orden público y varias agravaciones como, por ejemplo, usar capucha, hacía patente el concepto de “orden público” que opera en la retórica oficialista. La relación entre los ciudadanos y la autoridad se define así por la disciplina de los primeros y respeto para con los segundos. Los ciudadanos están al servicio de la autoridad y el orden público. Este discurso era el que exigía ser validado por el juicio de los 6 acusados restantes. En el proceso, se desecharon pruebas, se citó al ministro del interior y se cuestionaron las firmas de los peritos. Finalmente, en junio de este año se decidió absolver a los 6 acusados, quedando libres y protegidos por la verdad del juicio. Las conclusiones del tribunal fueron que la Fiscalía tuvo un “sesgo” que terminó en la persecución de jóvenes de casas okupas que, en realidad, representaban “ideales diversos y, además, realizaban actividades sociales y de educación que, incluso, eran patrocinadas por la autoridad”.
El “caso bombas”, como coyuntura crítica, terminó exponiendo el fracaso de una forma de hacer política al enhebrar otros casos similares. No resulta difícil recordar, a propósito de esto, el caso del ciudadano pakistaní que fue acusado equivocadamente como terrorista o la aplicación de la ley antiterrorista con las protestas de Mapuches en el sur o en las movilizaciones de Aysén. Todos momentos de los cuales el gobierno tuvo que desdecirse y dar un paso atrás, ya sea porque era insostenible o porque negoció con los manifestantes. ¿En qué consiste esta política, esta estrategia general de poder, que fracasó? En el despliegue de un discurso autoritario, la creación de un enemigo interno (la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo), la innovación en materias legales para tipificar a los sujetos y relaciones íntimas van más allá de los límites institucionales.
El fiscal nacional Sabas Chahuán calificó el fallo como un “fracaso de la fiscalía”. ¿Sólo de la fiscalía? Me parece que no. El caso bomba expuso el fracaso de una estrategia de conjunto que se fraguó en el gobierno. Fue el fracaso de un ministro Hinzpeter cada vez más cuestionado. Pero, por otro lado, sigue siendo una victoria para muchos de los sectores conservadores que se legitiman cada vez que la autoridad enarbola discursos como los del ministro del interior. Basta ver los homenajes de hoy en día.
¿Podemos llamarlo terrorismo?
*Publicada 11 enero 2013, http://www.Realismovisceral.cl
Con el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, en la esfera pública se expuso una tendencia en la opinión de los chilenos, incluida la del gobierno, que identifica al pueblo mapuche con el terrorismo. En los medios de comunicación, por ejemplo, el “crimen” comienza a denominarse “atentado” para luego etiquetarse como “acto terrorista”, mientras que las autoridades emiten juicios previos a que haya concluido una investigación sobre el caso. Tampoco es de extrañar cómo en muchas conversaciones cotidianas la “gente de a pie” termina asociando a “los mapuche” con una organización política violentista. Y no es que no exista evidencia suficiente para a lo menos “sospechar” que detrás del asesinato hay una organización terrorista con reivindicaciones territoriales, muy por el contrario, se debe investigar la verdad y encontrar a los causantes para aplicar todo el rigor de la ley. Pero tampoco hay que olvidar que se teje un velo sobre un problema de fondo: el cuestionamiento sobre las instituciones que imparten justicia y la omisión de una guerra silenciosa e inacabada entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile.
Dilucidar lo que es el terrorismo implica una discusión a la vez jurídica, política y académica, que defina los límites de su significado y que permita a las autoridades ser responsables frente a la ciudadanía. Se nos dice que el terrorismo es una acción violenta para infundir temor en una sociedad. Sin embargo, sabemos que un asesino en serie que tiene aterrorizada a toda una ciudad no es un terrorista. Se nos dice, también, que debe tener un objetivo político, no obstante, es evidente que un asesino que tiene la predilección de liquidar a políticos profesionales tampoco es un terrorista. Además, se nos agrega que son acciones que tienen como intención y consecuencia desestabilizar el estado de derecho, entregando un poco más de concreción al concepto. Finalmente, una perspectiva más académica añadirá que es un fenómeno transnacional que implica una organización sofisticada y un financiamiento estable, un nuevo actor en el sistema internacional. Así, cuando escuchamos que en Chile hay terrorismo, nos imaginamos que en nuestro país hay desde un par de indígenas luchando con piedras y palos, hasta células organizadas que reciben dinero de la FARC, la ETA u otros que se preparan para combatir la soberanía del Estado. De ahí la importancia de los dichos de nuestras autoridades, en ellos descansa la clave de lectura de la ciudadanía sobre estos acontecimientos tan terribles.
Decir que en Chile tenemos algo así como una organización terrorista como la ETA, además de ser completamente falso, difunde un miedo en la ciudadanía que termina legitimando la justicia en sus propias manos y culpando al Estado de su ausencia en estas materias. Pero quizás tenemos que verlo con otros ojos.
Aún recuerdo cuando, en el gobierno de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, en aquel entonces Ministro del Interior, reconoció que frente a sus sospechas de terrorismo en el sur del país, le solicitó a la central de inteligencia estadounidense que realizara un estudio sobre el caso chileno. La resolución de la investigación apuntó a desestimar que se trataba de una organización política compleja con algún financiamiento estable dentro o fuera del país. Más bien respondían a reivindicaciones territoriales muy puntuales que ciertamente solían manifestarse de manera violenta, pero que no ponían en cuestión la estabilidad del país. Asimismo, hay varios testigos que arguyen rivalidades entre familias como el móvil del asesinato del matrimonio y la investigación de las policías aún no ha sido concluyente respecto de las motivaciones y los culpables. Puede que la realidad estudiada por EEUU haya cambiado en los últimos años, que los testimonios sobre supuestas revanchas familiares sean falsos y que la investigación tenga pistas interesantes, pero parece razonable preguntarse por la veracidad de las opiniones de autoridades y ciudadanos.
En cuanto al manejo político, la falta de prudencia de las autoridades de gobierno en reafirmar la existencia de terroristas en Chile confirma la tónica de otros casos como el del “terrorista” Pakistaní y el caso bombas, donde las autoridades adelantaron juicios antes de los resultados de las investigaciones, entregando a su vez mensajes erróneos a la ciudadanía que provocan temor y crean incentivos al uso de armas para defenderse y resolver sus conflictos. Detrás de esto, la famosa frase “dejemos que las instituciones funcionen” no tienen ningún efecto. Los empresarios del agro y dueños de las tierras se sienten indefensos porque el Estado no “pone a raya” a los terroristas y en la vereda de al frente figuran los mapuches alegando no sólo por sus tierras sino también porque no se condena ni se desvincula de la institución a un carabinero que, luego de una investigación, se demostró que asesinó a un joven mapuche por la espalda. En ambos casos, contamos con ciudadanos chilenos con temor, rabia y sin creer que el Estado pueda impartir justicia efectiva y de manera imparcial
Es a lo menos “delicado” sostener que hay algo así como terrorismo en Chile cuando no se ha comprobado la existencia de una organización con esas características y se induce desconfianza de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la institucionalidad. Y es igual de delicado cuando se oculta una memoria indígena que lucha por mayor justicia y que se ha construido a partir de la guerra, el dolor y la pérdida. Pues que no se nos olvide; hay un sufrimiento histórico que clama por justicia y alguna vez el Estado deberá hacerse cargo. Más temprano que tarde, esperemos.
Una disputa ideológica: reforma tributaria
*Publicada 5 de septiembre 2012, Realismovisceral.cl
La discusión sobre la reforma tributaria es una polémica ideológica, vale decir, lo que está en juego es la sociedad que se anhela construir. En Chile somos espectadores de un debate político, pero, es cierto, revestido de tecnicismos. Mientras que en todo el período de transición a la democracia se trató de argumentos técnicos revestidos de discursos políticos regidos por la gramática de los acuerdos, ahora vemos el proceso inverso; la subversión de cierta gramática de la técnica sobre los procesos políticos, la instalación de problemas abiertamente ideológicos en la agenda pública, pero que intentan ser omitidos por la mayoría de la elite política.
Aunque la decisión del congreso lo niegue, ya no se trata más de unos puntos porcentuales que aumentan o disminuyen, sino de los principios y valores que inspiran y rigen el actuar del gobierno y los ciudadanos.
El día de ayer presenciamos la culminación de un proceso político que significó la aprobación del proyecto de reforma tributaria del gobierno de Sebastián Piñera. Esta vez, luego de 7 propuestas, dimes y diretes, se terminó aprobando. Los Estudiantes, Gabriel Boric mediante, expresaron el repudio a este tipo de prácticas “a espaldas del movimiento”. Gran problema el de Boric, pues era institucionalmente imposible incluir como legisladores a los estudiantes, pero también gran problema para el país, al eludir las “cuestiones de fondo” que el movimiento estudiantil ha relevado en la esfera pública chilena.
“Se aprobó porque se avanzó”, sostenían próceres de la Concertación. Para posteriormente continuar con “no es lo que se quería, pero dentro de nuestras posibilidades es un buen acuerdo”. Había algo de agraz en las sentencias de la oposición lo que ya permitía articular su rabia e intereses y resistir o “muñequear” en otros espacios político-institucionales donde conduce la aprobación de la propuesta tributaria. Por eso no es extraño que la Ley de Presupuesto (a discutir en octubre) sea la próxima lucha que se libre por la educación en Chile.
¿Por qué la oposición aprobó la propuesta si terminaron con un “gusto amargo”? La respuesta es algo típica y se remonta a los discursos de la transición: se votó a favor ya que “hubo aumentos considerables para…” o, en el mismo sentido pero a la inversa, porque “hay bajas considerables que ayudan a todos los chilenos…”. Las mentes calculantes de los parlamentarios se erigían en torno a “ajustes”, “aumentos” y “bajas”, mientras olvidaban las cuestiones políticas de fondo planteadas por los estudiantes. ¿Cuáles eran los argumentos que justificaron su decisión para aprobar? Recursos extras para educación cristalizados en un Fondo de 4.000.000.000 de dólares que a partir del 2014 dará utilidades permanentes a la educación pública, la duplicación del Fondo de Apoyo para la gestión Municipal (FAGEM) y 10.000.000 de dólares para “convenios de cumplimiento” con la Universidades del Consejo de Rectores.
Detrás de cada una de estas medidas hay una “triquiñuela” que, para ser justo, si bien confirma una actitud del Gobierno, es patrimonio de la política desde tiempos inmemoriales. Se entregan más recursos, pero no se cede en las cuestiones ideológicas. Mientras sueltan la billetera ganan donde más duele. Con esta reforma tributaria el gobierno reafirma uno de los puntos en disputa por parte de las luchas por la educación: el copago.
Como ha sido largamente datado, bastaría con consultar los estudios que Harald Beyer publicaba antes de ser ministro, el copago es uno de los elementos internos al sistema educacional que, a lo menos, refuerza la segregación socio-educativa, haciendo, en la práctica, que existan colegios para quienes puedan pagar más y quienes no, para pobres y ricos. El gobierno no cedió respecto al incentivo tributario a los padres que elijan enviar a sus hijos a la educación particular subvencionada y/o con copago. Por el contrario, mantuvo este incentivo, pero se lo extendió a la educación pública y con restricciones de ingreso familiar.
¿Por qué en vez de ceder se prefiere morigerar esta propuesta específica? El motivo es que detrás de estas medidas se ocultan puntos de vistas ideológicos, argumentos normativos, es decir, que provienen de ciertos principios y valores que rigen (o deberían regir) la sociedad que queremos. Con esto, nuevamente se vuelve a un lugar común de la política Chilena. El problema no son los números o metodologías sino valores y principios. En realidad siempre se ha tratado de lo mismo aunque disfrazado de técnico y científico. Las preguntas que restan por responder estriban en el rol de los bienes públicos para nuestro país y cuestionar los estigmas que se alojan detrás de la postura del gobierno. ¿Cuál es la justificación a una aversión a lo público? ¿Por qué se cree que es mejor o más justo dar el espacio a que las familias decidan, si detrás de eso puede mermarse la entrega de un bien público como la educación?
¿Qué sucede si todas las familias de chile prefieren la educación particular por su calidad u otros motivos: hay que dejar que las escuelas públicas se extingan y que el Estado no provea este derecho consagrado en las cartas constitucionales y democráticas? Detrás de estas interrogantes se leen dos grandes posturas en Chile; no es la derecha versus la izquierda, tampoco la Alianza versus la Concertación sino dos posturas que circulan a través de ellos. Una fomenta la particularidad de los intereses de la sociedad civil, otra apela la universalidad como constitutivo de una república democrática. Si la primera se enrosca en el interés privado radicado en el individuo, una familia o una corporación, la segunda apela a la supremacía del interés universal de lo público.
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